Callejón sin salida

El enfoque actual de la cuestión catalana no da más de sí. Los independentistas exhiben músculo en la calle, pero, jurídicamente, no pueden avanzar ni un milímetro más. El Gobierno central dispone de la fuerza de las normas, pero tiene seriamente enfrente a millones de personas. La tercera vía que proponen los socialistas, la federal, es tan evocadora como inconcreta; además, ahora la arista más cortante del problema no es tanto cómo profundizar en el autogobierno autonómico o mejorar la financiación, cuanto encontrar una fórmula magistral que permita singularizar aún más a Cataluña sin enfadar a las demás comunidades. Es decir, la cuestión en este momento no es cómo incrementar el federalismo, sino, más bien, cómo introducir nuevos elementos confederalizantes. Por otro lado, Mas está cada vez más solo: presionado desde dentro por sus socios más radicales, que dicen no respetar el derecho “español”, y limitado desde fuera por la inmóvil postura del Gobierno central. Mas se enfrenta de golpe a las consecuencias de las numerosas decisiones irresponsables que ha ido adoptando, muchas de ellas solo explicables por un mezquino cálculo electoral o desde una lectura errónea de los acontecimientos. Es como un camarero con una bandeja enorme a punto de tropezar estrepitosamente.

Estamos en un callejón sin salida. Y es que el debate planteado radicalmente entre la independencia de Cataluña o no, camuflado subrepticia (y hábilmente) bajo la forma de un supuesto derecho a decidir, no permite diálogo ni negociación alguna. Un desafío planteado en sus términos esenciales con tanta agresividad y tosquedad, por más que, formalmente, se apele justo a lo contrario, a la tolerancia y a la democracia, no permite avanzar. Respecto de Cataluña se han venido haciendo muchas cosas mal en Madrid y Barcelona, pero una de las peores es la de hacer creer a mucha gente de buena fe en Cataluña que había disponible un camino jurídico relativamente sencillo y en gran medida unilateral para lograr la independencia.

El decreto de convocatoria de la consulta de independencia de Cataluña ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC), por la vía del artículo 161.2 CE, que conlleva la suspensión automática de la consulta, de modo que es imposible que se celebre la consulta en noviembre. Y, después de varios años, cuando el TC, examinando si la Generalitat se ha extralimitado de sus competencias constitucionales, tanto en el decreto como en la propia ley que le habilita, falle, lo hará seguramente aplicando su doctrina de la STC 103/2008 (en relación con el plan Ibarretxe) y declarando la evidente inconstitucionalidad del decreto y de la ley. No es nuevo este intento de hacer pasar como “consulta” lo que, en realidad, es un “referéndum”, cuya convocatoria corresponde a las instituciones estatales y sobre el que, en una cuestión como esta, deberían ser llamados todos los españoles porque nos afecta a todos, no sólo a una parte. Ya lo intentaron los nacionalistas vascos y fracasaron estrepitosamente. Y todo esto es lógico: ningún sistema constitucional del mundo permite en su seno la secesión más o menos controlada de parte de su territorio. Los ejemplos quebequés y escocés, que no son del todo comparables al caso catalán, son la excepción, no la regla, y, además, ambos han concluido con el fracaso de las posiciones independentistas.

Cataluña no vive un periodo de consulta, sino un proceso electoral,
de momento, disfrazado

Por cierto, los nacionalistas han tenido éxito en la batalla de las ideas también en el momento de seleccionar los precedentes de la cuestión catalana porque han logrado situar en el plano de la opinión pública los modelos quebequés y escocés como los únicos a tener en cuenta y la quintaesencia de lo democrático, pero lo cierto es que muchos otros Estados, tan democráticos como Reino Unido o Canadá, se están enfrentando a las tensiones territoriales internas de un modo semejante al español. Por no hablar de Francia, Bélgica, Estados Unidos (Texas), o Alemania (Baviera). Ahí está, por ejemplo, Italia, donde su Tribunal Constitucional ya en una sentencia de 1989 trazó la distinción entre consulta y referéndum del modo que lo ha hecho el nuestro, y que se enfrenta a una ley de la Asamblea Regional del Véneto, de 12 de junio de este mismo año, que plantea una consulta de independencia. En mi opinión, el ejemplo italiano es el más parecido al catalán: se trata de las regiones más ricas del país que, tomando como fundamento algunas diferencias étnicas (de un modo más que discutible), en realidad han tenido como motor (al menos inicial) de sus reivindicaciones la idea de que la riqueza que se genera allí no debe ir a las respectivas regiones del Sur (donde, supuestamente, se despilfarra). La justificación independentista de que Madrid (o Roma) “nos roba” no deja de ser realmente curiosa viniendo de las regiones más ricas del país.

En realidad, ahora no estamos en un proceso de consulta en Cataluña, sino en un proceso electoral, de momento, disfrazado. Cabe prever un gran éxito en las urnas de los partidos nacionalistas. Pero la imposibilidad de ir más allá en el “proceso” si no se mueve ficha desde Madrid será la misma. Si gana ERC, es previsible mayor tensión, pero las cosas no pueden cambiar unilateralmente.

El Gobierno central se ha instalado cómodamente en la fuerza que le dan las normas. Pero tenemos a millones de personas frustradas. Es imposible meter la pasta de dientes en el tubo una vez que ya está fuera. Además, es probable que el Gobierno que salga de las urnas ya no disponga de mayoría absoluta. Los nacionalistas catalanes pueden recuperar peso en las instituciones centrales. En cualquier caso, el “problema catalán” es, en realidad, el “problema español” porque hay otros territorios donde el sentimiento independentista está esperando para hacer suyos los resultados de lo que suceda en Cataluña: País Vasco, Navarra, Baleares, Galicia, Canarias… No se puede abordar el caso catalán sin comprender este contexto. Hace falta una solución global.

Los dirigentes de CiU deben abandonar su estrategia épica y pactar con partidos estatales

A esta fecha, se plantean varias opciones. Una es dejarse llevar por la inercia de los acontecimientos políticos (elecciones próximas) y jurídicos (fallos judiciales) ya planteados, sin variar ni un ápice el enfrentamiento entre la independencia y el inmovilismo, esperando el veredicto de las urnas y el reparto de una nueva mano. Probablemente, esto será lo que suceda. Pero es preferible intentar superar este enfoque, claramente inservible, por un nuevo planteamiento. Hay que dialogar. Yo hablo de momento constituyente, así que o se hace con voluntad seria de consenso, abandonando el cinismo de los actores actuales, o es mejor no iniciarlo. Somos muchos lo que estamos hartos de tantas mentiras. Se va abriendo paso un consenso sobre la necesidad de reformar en profundidad nuestra Constitución.

Pues bien, me parece que un primer paso en ese sentido sería la elaboración de un Libro Blanco por parte de un comité de sabios, juristas, expertos en financiación autonómica y economistas, respetados, aceptados por todos y que, en su momento, pudiera ser tomado en consideración por las nuevas Cámaras llamadas a reformar la Constitución. Una especie de Informe García de Enterría de nuevo cuño. Es crucial llevar el debate a términos racionales de datos y argumentos lo más objetivos posibles, examinando las fortalezas y debilidades de nuestro sistema autonómico y planteando posibilidades de cambio sensatas y compartibles por todos y, por supuesto, huyendo de la estrategia de los eslóganes y mentiras dirigidos a excitar los sentimientos. Si, a cambio de la apertura de este nuevo tiempo de diálogo, los dirigentes de CiU abandonaran el tono épico de su estrategia (que es más bien tragicómico) y pactaran con partidos estatales, quizá formando un nuevo gobierno en Cataluña (evidentemente sin el señor Mas), podrían, además de conseguir finalizar la legislatura y no entregar el Gobierno a los radicales, enconando aún más las posturas, ayudar a serenar los ánimos y a encontrar una salida a este callejón que parece no tenerla.

Fernando Rey es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid.