La ley y la política

La aprobación, el viernes, de la ley de consultas no referendarias por parte del Parlament catalán a la que el Ejecutivo de Artur Mas pretende anclar el decreto de convocatoria de un referéndum prefijado para el 9 de noviembre (decreto aún no firmada) marca un hito. La cuestión catalana entra así en una fase de mucha tensión y bastante peligro para todos. Sobre todo porque siguen enrocadas pautas paralelas que no encauzan los problemas y que encierran un movimiento menor, el tacticismo de estos días: a ver quién desenfunda antes sus dispositivos legales, como rivales de una falsa guerra fría.

Es increíble que la Generalitat establezca sus propias reglas de juego para la llamada consulta mucho después de haber iniciado el juego, tras casi diez meses de decidir unilateralmente su formato, sin insistir en el diálogo con Moncloa iniciado a final de julio pasado. Y es desalentador que el Gobierno haya decidido con antelación a la firma del decreto de convocatoria que recurrirá inmediatamente ambos textos (la ley de consultas y el decreto) ante el Tribunal Constitucional (TC), sin prever simultáneas decisiones adicionales.

Tiene sentido que el TC analice ambas disposiciones, sobre todo porque los votos particulares al dictamen del organismo jurídico consultivo de la Generalitat levantaron algunas alarmas sobre la ley. Hay dudas razonables sobre su conformidad con el Estatuto y la Constitución, sobre todo en cuanto a la igualdad de derechos de los catalanes, y parece verosímil que cuando el TC entre en el fondo la valide (o invalide) solo parcialmente.

Pero lo que —por lo ya sabido— conculcará frontalmente el ordenamiento es el encaje de la convocatoria del 9-N en esa ley: la trascendencia de la cuestión planteada (la independencia) requeriría un referéndum formal, con todas las garantías, y no una mera consulta: Mas —al que ayer Gobierno y PSOE pidieron acertadamente sentido de la responsabilidad y reflexión antes de dar pasos irreversibles— opta por una consulta leve (y con leve seguridad jurídica), pero con efectos previstos de referéndum políticamente vinculante de facto. O sea, un falso referéndum. O una consulta trucada. Existen pues sólidas razones para que el TC entre en el fondo de la cuestión jurídica.

Ahora bien, ¿acaso ahí se acaba todo? Los grandes problemas políticos nunca se resuelven únicamente con la —por otra parte indispensable— apelación a la legalidad. Por eso, es exigible que, junto a los recursos que estime conveniente, el Gobierno tome de una vez la iniciativa positiva y plantee alguna alternativa política para encauzar no ya los maximalismos de los secesionistas irreductibles, sino el justificado malestar de muchos catalanes atrapados entre la fuga hacia adelante de uno y la parsimonia de otro.

No se trata de que endose ya la necesaria reforma constitucional federalizante, que podría fijarse como punto final de un proceso, sino de que emprenda pasos previos: la formación de un Consejo de Sabios compartido para acotar las causas de las divergencias; o la fijación de una fecha para responder a las 23 cuestiones planteadas en julio por Mas; o la propuesta de una relectura de la Constitución para disolver algunos de los desencuentros; o el compromiso de explorar una disposición adicional a la Carta Magna para dar empaque a lo anterior... Si hay voluntad, sobran mecanismos.

La alegación de que todo gesto previo a que se visualice que el 9-N transcurre sin celebrarse consulta —para que no se interprete como concesión indebida— carece de peso suficiente. El Ejecutivo tiene medios de evitarlo. Y condicionar el calendario aplazando lo inaplazable no indica fortaleza del Estado, sino fragilidad del Gobierno, por inacción. El soberanismo es ducho en usarla en su favor. Incluso cuando, como ahora, tras el fiasco de Escocia, su horizonte se oscurezca.