No son extraterrestres

Los políticos no son extraterrestres. He sido uno de ellos durante suficiente tiempo, para saber que son personas como los demás. Sin embargo, su trabajo sí que es diferente al del resto, ya que les encargamos liderar la gestión de los asuntos públicos: solo los políticos aprueban leyes o decretos. Por eso, la manera en que son elegidos (ley electoral), en que se organizan para desarrollar su tarea (ley de partidos) y en que controlan su gestión (ley de transparencia, lucha contra la corrupción) son asuntos que no podemos dejar solo en sus manos. Seguramente deberíamos intervenir más en todos los temas públicos porque, como ha dicho Ulrich Beck, “sin la iniciativa de los ciudadanos, esta crisis no podrá superarse”. Pero al hablar de lo que regula, precisamente, el modus vivendide aquellos a los que hemos transferido la potestad exclusiva de aprobar normas que inciden sobre nuestra vida y nuestros derechos, esto es todavía más necesario.

Los políticos desempeñan puestos relevantes de poder a los que acceden mediante votación popular, o por nombramiento de quienes han sido votados. Como su responsabilidad social es superior, al adoptar decisiones que nos afectan a todos, podemos exigirles conductas más ejemplares que a quienes desempeñan su trabajo en el ámbito estricto de lo privado. Pero tenemos que hacerlo, sin esperar heroísmos individuales, mediante la aplicación de normas institucionales, controles y sanciones específicos que, además, ajustamos periódicamente según la experiencia.

Ni los partidos políticos son solo de sus militantes ni la ley electoral algo que interese solo a los elegidos. Los ciudadanos organizados debemos intervenir especialmente sobre esos asuntos para evitar la autorregulación de los políticos que lleva, por ejemplo, a anormalidades como que hoy en España no sea delito penal que un partido se financie de manera ilegal, que las leyes electorales se puedan cambiar por la mayoría del momento en beneficio propio (como se propone ahora con la ley electoral municipal) o que los medios materiales, humanos y procedimentales destinados por los políticos, desde los Presupuestos del Estado hasta combatir la corrupción entre la clase política, estén muy por debajo de lo necesario, incluso cuando ya hay bastantes expolíticos en la cárcel por corrupción. Hechos objetivos como estos son los que llevan a pensar que los políticos tienden a aplicar dos varas de medir: una para ellos y otra para el resto. Y ello hace más urgente la intervención organizada de la sociedad civil, sobre todo, en estos asuntos, no solo desde la denuncia, la crítica o el desapego, sino mediante la elaboración de propuestas de reforma lo más concretas posibles, si queremos ser útiles además de notorios.

Regenerar la democracia, mejorando la actuación de los políticos, no es solo una cuestión de principios

Regenerar la democracia, mejorando el funcionamiento de la actuación de los políticos, no es solo una cuestión de principios. Suponemos que al mejorar la manera en que adoptan decisiones, conseguiremos que tomen mejores decisiones y más eficaces. Muchos pensamos que de esta crisis financiera y económica hubiéramos salido antes mediante un gran pacto político. Pero no han querido hacerlo. Han podido anteponer su propio interés partidista gracias a una ley de partidos que otorga mucho poder a sus aparatos internos y a una ley electoral en la que los votos no se traducen en diputados, por igual. Por tanto, si queremos que los políticos actúen de otra manera, hay que cambiar esas leyes que configuran sus decisiones interesadas, forzarles a que hagan política de otra manera para incentivar que hagan otra política.

El mismo Beck señalaba que la verdadera amenaza política del momento es la desafección ciudadana, que deslegitima las instituciones y la propia democracia, ya que actúa como antesala de esos populismos que se especializan en señalar culpables, porque son incapaces de ofrecer soluciones reales. En España, ese peligro se centra, según todas las encuestas, en la actuación endogámica de los partidos políticos, en unos mecanismos electorales que dejan a demasiados votantes sin representación y en la sensación de una excesiva lenidad respecto a una corrupción más generalizada de lo que se quiere admitir.

Los expertos coinciden, para corregirlo, en la necesidad de tres medidas que van más allá de lo pactado en la Transición: nueva ley de partidos que incorpore más democracia interna (primarias, pero también, mejores contrapesos), más control externo (penalizar el uso de fondos b, agilizar auditorias), promueva el mérito y la capacidad en los nombramientos, por delante de la fidelidad; nueva ley electoral que cumpla el principio de igualdad de peso entre todos los votos, es decir, reforzar la representatividad y no las mayorías reforzadas artificialmente. Y más medios en la lucha contra la corrupción de la que hay 1.700 causas abiertas, más de 500 imputados, muchos políticos que siguen en activo y apenas unos 20 sentenciados por la dilación de los procesos. Si sabemos qué hacer, ¿cómo conseguimos hacerlo? Pues, me temo, que presionando a los políticos desde la sociedad civil organizada hasta que vean que, no hacerlo, significará que obtienen menos votos. ¿Lo intentamos?

Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas del 2004 al 2007. En la actualidad es miembro del Foro +Democracia.