Y un recorte más
Quienes aún reciben la prestación por desempleo, sobre la base de las cotizaciones que efectuaron al sistema durante años, son notificados en estos días de la aplicación de un nuevo recorte: a los seis meses su prestación disminuirá al 50% de la suma que en promedio recibieron durante los últimos seis meses trabajados. Un recorte anterior ya había disminuido esa suma al 60%, al cumplirse el sexto mes.
No sólo es un recorte más del Estado de bienestar. También es un atentado contra el Estado de derecho. En perjuicio del trabajador, el Gobierno impone un cambio en esa especie de contrato de seguro obligatorio, entre el trabajador cotizante y la Seguridad Social. La prestación por desempleo no es una dádiva estatal; es el fruto de haber pagado mensualmente, durante años una aportación al sistema. Tampoco era una opción disponible al trabajador, que legalmente no podía, y no puede hoy, eximirse de ese contrato; tenía que aportar. Al producirse el “siniestro” previsto en el contrato legal, esto es, la pérdida del empleo, debía recibir aquello que el marco legal previó: un pago compensatorio que, como máximo, puede alcanzar dos años y que no estaba sujeto a disminución según el paso de los meses.
El Gobierno decide periódicamente que, como todavía hay déficit fiscal, debe aplicar uno y otro recorte. Recientemente, se ha dispuesto que a las empresas se les rebajen impuestos, y a los desempleados se les rebaje la prestación de desempleo. Son opciones de política con las que uno puede estar de acuerdo o no. Pero la ruptura del contrato legal referido a la prestación de desempleo atenta contra la seguridad jurídica que exigen en alta voz los empresarios, pero que los trabajadores sólo podemos reclamar en la intimidad de nuestros hogares. Porque, dicho sea de paso, a los sindicatos la situación de los desempleados los tiene, en los hechos, sin cuidado.— Luis Pásara Pazos.
