Por un cambio de modelo productivo

 Ocho veranos han transcurrido ya desde aquel que irrumpió tumultuosamente y que acabaría siendo el comienzo de la llamada Gran Recesión. A finales de 2007 los hogares españoles acumulaban ya 876.630 millones de euros en préstamos. La inercia de la deuda era tan fuerte que, a pesar de los vaivenes, ésta siguió creciendo en 2008 hasta 913.385 millones de euros y en 2010 apenas se había reducido hasta 903.033. Desde entonces y hasta el primer trimestre de 2014, el esfuerzo para aliviar esta carga ha sido muy importante. Exactamente, una disminución de 125.246 millones de euros para situar el stock de préstamos de los hogares en 777.787 millones. Puede resultar engañoso que esta cifra sea ya menor a la que se tenía antes de iniciar la crisis. Lo es porque que el sobreendeudamiento de las familias españolas comenzó bastante antes, en la década de 1990. Es el resultado, además de desequilibrios perversos en el mercado inmobiliario y crediticio que han propiciado descomunales transferencias de renta y problemas de desigualdad que afectan a varias generaciones de españoles.

Ahora que los indicadores macroeconómicos comienzan a ser más propicios —aunque a millones de ciudadanos les cuesta aún percibirlo— parece un buen momento para reflexionar sobre cómo la alteración de los mecanismos de ajuste en el mercado inmobiliario y su financiación han dado lugar, a todas luces, a una España distinta a la de hace dos décadas, transformando su estructura de incentivos y las expectativas de muchas familias hasta un punto del que todavía no somos suficientemente conscientes.

En la ciencia económica, son muchos los estudios recientes que han aportado evidencia empírica de considerable valor sobre lo que genéricamente se ha denominado la última gran burbuja inmobiliaria. Tal vez la contribución más ilustrativa y atractiva —para todos los públicos— sea el alabado libro de Atif Mian y Amir Sufi, The House of Debt (The University of Chicago Press). Se trata de una obra que sintetiza los resultados de investigaciones profundas a escala microeconómica para acabar ofreciendo una realidad macroeconómica abrumadora sobre cuestiones relativas a la equidad. Se aportan soluciones para prevenir que surjan problemas similares en el futuro. Así, la preocupación de Mian y Sufi por explicar por qué 8 millones de estadounidenses perdieron su empleo y 4 millones su vivienda, puede ser compartida con más puntos en común que diferencias en un amplio conjunto de países. Y se muestra por qué no es una casualidad que estas circunstancias coincidieran con una deuda familiar que se triplicó en los siete años anteriores a 2007, con efectos brutales sobre la desigualdad de renta y riqueza.

La evidencia empírica aportada en éste y otros estudios es muy robusta en, al menos, dos aspectos. El primero, que la acumulación de deuda privada precede la generación (y posterior estallido) de burbujas inmobiliarias. La segunda, que la salida de una crisis es tanto más dura —y su superación más penosa— cuanto mayor sea la deuda acumulada por el sector privado. Lo que ha ocurrido en las tres últimas décadas en Estados Unidos, Reino Unido o España ha sido un ejemplo palmario. Y, al contrario de lo que se ha tratado de argumentar en ocasiones, no cabe advocar en una medida importante a factores exógenos como un cambio en el ciclo económico, el agotamiento de la demanda o aspectos socio-demográficos. La diferencia en esta crisis la ha marcado la deuda privada.

Deben acentuarse las políticas sociales para los más desfavorecidos, para evitar situaciones penosas

Hay muchas formas de enfocar el efecto del endeudamiento y la burbuja inmobiliaria sobre la igualdad, pero en estas líneas se consideran sólo algunas de las más importantes. La génesis es ya conocida. Un resumen crudo, pero fácil de entender es el que se refiere a una combinación de políticas irresponsables y desmedidas en relación al suelo y la calificación urbanística, con un aumento incontrolado (en calidad y cantidad) del crédito. Este cóctel disparó mecanismos especuladores que poco tuvieron que ver con la generación de valor añadido. Una mezcla que propició la confusión respecto a un sector cuya contribución al PIB fue, es y será importante. Pero no podía desbocarse como lo hizo, propiciando saltos en riqueza y deuda que poco tienen que ver con la prudencia, el esfuerzo o el emprendimiento. Todo ello, en muchas ocasiones de forma involuntaria, pero con consecuencias nefastas para la conservación de una mínima justicia generacional.

Un ejemplo de esta involuntariedad sería la comparación de dos españoles que con una situación inicial de renta, riqueza y formación similar hubieran querido acceder a la vivienda, si bien uno lo hubiera podido hacer en 2004 y otro en 2008. El primero podría haber adquirido una vivienda relativamente pequeña en 2004, haberla revendido por casi el doble de su precio en 2007 y aún adquirir una nueva mucho mejor en 2008, con una deuda reducida. El segundo podría, como mucho, adquirir una primera vivienda pequeña en 2008, a un coste mucho mayor y con una deuda mucho más considerable. Dos ciudadanos de una misma generación, con condiciones de partida y esfuerzo similares que, sin embargo, quedan separados en renta y riqueza de forma estructural por el estallido de una burbuja inmobiliaria.

En un país con entre cuatro millones y medio y casi seis millones de parados (según la fuente que empleemos), la equidad se rompe por muchos más frentes. Uno de los más importantes es que la deuda limitó la capacidad para acometer una recuperación económica rápida y socavó las expectativas de muchos hogares. Incluso ahora que el necesario desapalancamiento se está produciendo, éste implica una canalización de recursos hacia la devolución de deuda que no pueden destinarse a consumo o inversión. Otras soluciones drásticas como las quitas generalizadas no son siempre necesarias y no parecen ser lo más adecuado para España. Las quitas tienen efectos muy negativos y duraderos sobre la reputación de un país. Además, generan un problema de incentivos sobre la seriedad a la hora de cumplir con los compromisos de deuda entre los ciudadanos.

Merece la pena considerar las hipotecas de riesgo compartido entre bancos y prestatarios

¿Qué hacer? Por un lado, las políticas sociales para los más desfavorecidos deberían acentuarse para evitar situaciones penosas de desahucio derivadas del infortunio, muchas de ellas en casos en los que ha habido un comportamiento responsable anterior en cuanto a deuda y planificación. Por otro, las iniciativas para mejorar los contratos hipotecarios —europeas y nacionales— también son esenciales y debe acelerarse su implementación. Esto también reduciría las situaciones de desahucio, además de establecer condiciones mucho más convenientes en cuanto a precios, comisiones y condiciones de amortización de los préstamos. Asimismo, hay que pensar en soluciones para evitar el impacto de los vaivenes macroeconómicos en el futuro. Tomando prestada una de las propuestas más interesantes del libro de Mian y Sufi, hay que estudiar la posibilidad de nuevos contratos hipotecarios. Por ejemplo, las hipotecas de riesgo compartido entre bancos y prestatarios. En éstas, si el precio de la vivienda mejora, la ganancia debe ser compartida por ambos, pero también las pérdidas de valor generadas cuando hay caídas.

Hay que considerar también el efecto sobre el cambio de modelo productivo que España necesita. La transferencia de rentas que se ha producido ha debilitado el incentivo al esfuerzo de una generación que estaba llamada a cambiar el modelo productivo. Repetir los errores del pasado con políticas públicas que incentivan una especulación desmedida y mal entendida sería un grave error. La construcción tiene una aportación natural al PIB español que se sobrepasó y que detrajo recursos que podrían haberse destinado a las actividades innovadoras y de transformación productiva y competitiva. Dejó también a un número importante de jóvenes con una formación reducida, a los que ahora se quiere considerar casi sin remedio como una generación perdida. Y, lo que es más grave, evidenció la sobreeducación de otra buena parte de españoles cuya parte del pastel productivo no se desarrolló para corresponder su esfuerzo con un trabajo digno. Llega el momento de preguntarse cuáles serán las políticas para evitar este tipo de situaciones en el futuro. Las que tuvimos no sirven y las reformas aquí, todavía deben producirse en buena medida.

Santiago Carbó Valverde Catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor University (Reino Unido) y de la Universidad de Granada e investigador de Funcas.