Mejoras de detalle

El proyecto de ley fiscal que aprobó ayer el Gobierno no resuelve las dudas de fondo sobre el cambio tributario, pero sí introduce algunos cambios dirigidos a convencer a los contribuyentes de que se encuentran ante una rebaja fiscal contundente. Esas mejoras de detalle se centran en tres puntos básicos: permitir que los planes de pensiones puedan ser rescatados a los 10 años, con el añadido de una rebaja de las comisiones de los partícipes; elevar el mínimo exento de tributación de la indemnización por despido a 180.000 euros y conceder un plazo de seis meses para que puedan regularizarse las pensiones procedentes del extranjero.

Como puede apreciarse, se trata de cambios técnicos, orientados a flexibilizar las ventajas de los fondos de pensiones y a contrarrestar algunas críticas recibidas por las anteriores propuestas de tributación a las indemnizaciones por despido. Están bien orientados y mejorarán la situación de pensionistas y desempleados. Con la norma de los 10 años, se pretende popularizar los fondos privados, pero conviene recordar que dichos fondos son un instrumento de ahorro que favorece a las rentas superiores a los 60.000 euros anuales, que son las que realmente tienen capacidad de ahorro. En cuanto a la fiscalidad de las indemnizaciones, significa una equiparación con las normas forales.

Pero las mejoras no corrigen el problema estructural del anteproyecto: no constituye una reforma fiscal que dote de la necesaria estabilidad a los ingresos estatales (incluyendo en el término Estado a las comunidades autónomas). Máxime cuando el presidente acaba de informar de que en 2016 habrá una segunda ronda de modificaciones fiscales que afectarán a los impuestos de sucesiones y de transmisiones patrimoniales. Ni una sola mención a lo que debería ser una fuente de ingresos para Hacienda (y por tanto, para el conjunto de los ciudadanos), que es la lucha contra el fraude fiscal; ni tampoco al IVA.

Y una reflexión pertinente: la rebaja de impuestos tiene que coordinarse con una corrección del déficit al 2,8% en 2016. Si los recortes tributarios devolverán a los ciudadanos 9.000 millones y el ajuste del déficit nos costará unos 34.000 millones (incluidas la rebaja de ingresos por la reforma), puede resultar que por cada euro que se devuelva a los contribuyentes haya que recortar cerca de cuatro euros en gasto público.