Medidas drásticas

El inicio de la reforma presupuestaria francesa —con la aprobación el miércoles del proyecto de ley que recorta 22.000 millones en pensiones y protección social en tres años— consagra el giro en la política de François Hollande y su equipo hacia posturas más realistas. El viraje se produce tras sus pésimos resultados en las elecciones europeas y en un momento en que el populismo radical de extrema derecha está inflingiendo severas derrotas electorales a los demás partidos políticos, hacia la iquierda y la derecha.

El objetivo de Hollande y de su primer ministro, Manuel Valls, el aquitecto del viraje, es ahorrar un total de 50.000 millones de euros y forzar el crecimiento de la economía del país vecino estimulando el consumo y la inversión. El reto para el Gobierno francés es que debe aplicar esta batería de medidas mediante importantes recortes que afectan sobre todo a sectores que están sufriendo la crisis y que manifiestan su decepción, cuando no su hostilidad, con el sistema.

Pero el mandatario francés es consciente de que se le agotan las posibilidades y el tiempo; y se ha inclinado hacia un plan muy similar al que adoptó en 2005 otro mandatario de izquierdas europeo, el alemán Gerhard Schröeder. La estrategia le costó las elecciones al canciller, pero sentó las bases sobre las que Alemania ha podido abordar con éxito la mayor crisis económica desde el final de la II Guerra Mundial.

Tener el índice de popularidad por los suelos implica que díficilmente las cosas van a ir a peor; el dirigente que lo sufre puede, por tanto, llamar a las cosas por su nombre. Hollande —con apenas un 18% de aprobación, algo inédito en un presidente de la República— considera que estos duros ajustes forman parte de un pacto de responsabilidad y su primer ministro, Valls, asegura que llevará las reformas “hasta el final”.

Pero la convulsión creada por los recortes abre fuertes grietas en el suelo que pisan ambos; un sector del Partido Socialista les recrimina que gobiernen de espaldas a la Asamblea Nacional y exige la celebración de un congreso para elegir una nueva dirección socialista. En todo caso, no sólo está en juego el futuro político de Hollande y de Valls. La UE no puede permitirse que Francia no ocupe un lugar central entre los motores que contribuyan a la recuperación económica del continente.