Riesgo presupuestario

El gobierno ha presentado el límite de gasto no financiero para 2015, el primer parámetro decisivo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Planea bajar el gasto en el 3,2% —la primera vez que se recorta desde que Mariano Rajoy ganó las elecciones en 2011— y se supone que ese recorte pretende contribuir a la contracción del déficit el año próximo. La impresión general que transmitió el ministro de Hacienda es que, a pesar de la limitación del gasto, ha pasado el periodo de ajustes presupuestarios y de los grandes recortes del gasto.

El optimismo es loable, pero el problema del nuevo techo del gasto es que los argumentos para sostenerlo son discutibles. El equipo económico pretende reducir en 2015 el déficit público al 4,2% del PIB desde el 5,8% teórico de 2014, con una limitación del gasto de unos 4.500 millones, más el aumento hipotético —sin proyectar todavía— de los ingresos fiscales el año próximo procedente de la recuperación de la economía. Cuenta como aliado para bajar el gasto con un descenso del coste de desempleo y de los intereses de la deuda.

Ahora bien, Hacienda acaba de proponer una rebaja fiscal cuyo coste, difícil de precisar mientras no se conozcan los detalles normativos, no bajará de los 5.000 millones; y la rebaja del coste de la deuda no es una tendencia firme, porque los intereses bajan pero el volumen de deuda sube. Y queda pendiente de resolver el probable déficit de la Seguridad Social. La recuperación de ingresos debida al crecimiento es, por el momento, sólo una hipótesis, mientras que la caída de ingresos derivada de la rebaja de impuestos es ya un hecho.

Es arriesgado confiar la estabilidad financiera a un crecimiento de ingresos en una etapa de rebajas impositivas. El proyecto de Presupuesto para 2015 permitirá medir con más precisión este riesgo; pero, en el mejor de los casos, con el esquema argumental que ofrece Hacienda, lo que se puede asegurar es que las cuentas públicas se quedan sin margen de error.

Tampoco conceden margen para otras actuaciones políticas relevantes. Sin ir más lejos, para articular una reforma de la financiación autonómica que ya debería estar sobre la mesa del Gobierno y de las comunidades autónomas, pero que se ha vuelto a aplazar lisa y llanamente por falta de recursos. La financiación actual es insuficiente y desordenada y condena al Gobierno y a las autonomías a ejercicios agotadores de parcheo.