Cuando falla la ofimática

En España, uno de los países de la Unión Europea que menos uso hace de Internet, no resulta extraño que las tecnologías de la información y la comunicación (las famosas TlC) sean para muchos ciudadanos algo ignoto. Lo que no deja de sorprender es que en determinadas parcelas de la Administración las TlC suenen a chino.

Que esto ocurra en el Tribunal de Cuentas, un organismo fiscalizador que necesita cruzar una ingente cantidad de datos para comprobar que las cifras de las subvenciones públicas o los gastos de los partidos políticos cuadran, resulta estrafalario y, además, grave. Un informe interno ha puesto sobre la mesa la deficiente preparación profesional de los informáticos de esa entidad. La mayoría carece de los conocimientos científicos y de las técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. De hecho, solo cinco de los 60 trabajadores adscritos al departamento tienen una titulación especializada y 44 apenas cuentan con el Bachillerato o el Graduado Escolar. En un sector que avanza a toda velocidad, muchos empleados solo conocen el programa Windows.

Con tales currículos, la plantilla del tribunal fiscalizador, en lo que a ofimática se refiere, es a todas luces ineficaz y obsoleta. Prueba de ello es que en ocasiones ha tenido que pedir auxilio a la Administración General del Estado para resolver los problemas.

Externalizar servicios no parece una solución óptima, toda vez que el Tribunal de Cuentas maneja información altamente sensible y sujeta al deber de sigilo. Expedientes confidenciales y archivos digitales delicados no deberían caer en manos de cualquiera. Tampoco es de recibo que por la ineficiencia de su personal no sean evaluados correctamente.

Un país que presume de tener una eAdministración a la vanguardia tecnológica y que incluso ha prohibido a los contribuyentes presentar la declaración de la renta con los datos escritos a mano, debería vigilar que el máximo órgano fiscalizador tuviera medios ofimáticos modernos y personal competente. Quizá la ausencia de ambos sea la causa de que algunos de sus informes tarden cinco años en ver la luz.