Sondeos con garantía

En principio, no hay ninguna razón para rechazar las prospecciones petrolíferas en Canarias (dos perforaciones de 3.500 metros de profundidad a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura) que quiere realizar Repsol, si la empresa cumple con las obligaciones legales y respeta las exigencias de impacto ambiental. Las condiciones económicas y medioambientales son la clave de este pulso entre Repsol e Industria por una parte y el Gobierno canario, los cabildos y organizaciones ecologistas, por otro. Y debe especificarse que, en caso de daños o incumplimientos de la ley, la responsabilidad será de la empresa explotadora y de los organismos que no hayan tomado las suficientes precauciones al autorizar la prospección.

En un caso como el de las prospecciones canarias el criterio único de actuación no debería ser tan sólo la elevada dependencia energética de la economía española —con ser relevante— porque hay otros factores tan importantes como ése (la salud pública, por ejemplo). Hace falta establecer con claridad la garantía de responsabilidad ante posibles contingencias y el cumplimiento estricto de las exigencias sanitarias y medioambientales. No sería aceptable que se diese un caso similar al del almacén subterráneo Castor, autorizado y en funcionamiento a pesar de que no contaba inicialmente con todos los informes preceptivos, y cuya gestión revertirá probablemente al sector público con un elevado coste para los ciudadanos. El principio de la responsabilidad inmediata —que en España suele predicarse, pero que con frecuencia se incumple— es igualmente aplicable a otros casos de interés económico en los que puede aparecer conflicto, como el del fracking.

Por tanto, una vez que el Tribunal Supremo ha rechazado los siete recursos interpuestos contra la prospección, Industria debería asegurarse de que los informes preceptivos están en regla, no hay riesgos medioambientales ni sanitarios y autorizar la exploración. Con respeto, por supuesto, a los recursos contra el fallo que quieran interponerse.

Si la exploración tiene éxito —y para saberlo hay que esperar meses— parte de la riqueza generada en la futura explotación debería beneficiar a los ciudadanos. Además de las promesas de empleos o la posible reducción de la factura energética, lo pertinente es que el Gobierno dedique una fracción de los impuestos que obtendrá a materializar esos beneficios.