Seguridad en Garoña

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene por delante la ardua tarea de dictaminar sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. Nuclenor, propietaria del grupo nuclear, ha solicitado que vuelva a funcionar, pero pide que la autorización sea para 17 años, un plazo muy largo, porque es el indicado para rentabilizar las inversiones de mantenimiento requeridas. La petición de Nuclenor pone fin a un pulso poco racional entre el Gobierno y la sociedad propietaria de Garoña, provocado por las nuevas cargas fiscales aplicadas por Industria a la producción de energía, cuyo único y pésimo resultado ha sido retrasar innecesariamente la reentrada de Garoña en la red.

El criterio más pragmático y rentable es que las centrales nucleares construidas sigan en funcionamiento siempre que cumplan estrictamente las condiciones de seguridad, en el supuesto de que sea una institución independiente quien decida si esas condiciones se cumplen o no. La infraestructura nuclear está amortizada, produce energía más barata (cosa diferente es como se gestiona esta producción eléctrica en la red) y garantiza una cierta autonomía energética, cualidad relevante cuando se aprecia riesgo de inestabilidad en otras fuentes de suministro. Pero una cosa es el criterio general y otra su aplicación concreta. Garoña ha estado parada durante un tiempo inusual y sus sistemas operativos pueden haber sufrido un grado de deterioro con pocos precedentes. Esa es la razón por la cual el CSN, sobre quien recae la responsabilidad de garantizar un funcionamiento seguro, tiene que extremar la inspección y el control de los sistemas. Resultaría inaceptable que si se autoriza la reapertura de Garoña se descubriera a posteriori que falta un informe preceptivo o que alguno de los controles se hizo sin el debido rigor.

Todavía hay otro riesgo que hay que evitar en Garoña. No debe hacerse impedimento del nuevo periodo de operación. Nuclenor ha pedido 17 años, un plazo largo, que situaría el periodo de vida de la central en 60 años. Pero si el CSN estableciera un plazo menor (10 años, por ejemplo) o condiciones operativas más estrictas, el grupo propietario tendría que aceptar la decisión sin plantear nuevos conflictos políticos. La seguridad de la población es un principio innegociaciable en la operación con energía nuclear.