“Toda inversión que se hace en la mujer va en beneficio de la comunidad”

Como en casi cualquier lugar, la mitad de la población peruana está compuesta por mujeres. Es un 50% que tiende a cero en cualquier indicador que incluya alguna capacidad de decisión: directivas de empresas, líderes políticos, propietarias de tierras, miembros en las comunidades de regantes, incluso receptoras de formación en el campo. La misión de María del Carmen Omonte, ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, es cambiar esta realidad.

La mandataria fue elegida congresista en 2011 consiguiendo superar el escollo que afrontan la mayoría de las mujeres que se presentan a elecciones en su país: son relegadas a los últimos puestos de unas listas abiertas donde la costumbre provoca que los votantes marquen a menudo los primeros puestos, sin reparar mucho en los nombres de personas. Esta semana ha estado en el III Foro Global de Sostenibilidad, organizado por EY (Ernst & Young) en Madrid, donde se celebró esta entrevista.

“Casi toda inversión que se hace en las mujeres va en beneficio de la familia y, por tanto, de la comunidad. Ellas vuelcan cada insumo, tanto a nivel educativo, de asesoramiento o de crédito a la familia. No es una experiencia peruana, se ve en muchos países. De esta forma, se saca todo el jugo a la inversión”, responde al ser preguntada por la relación del empoderamiento de la mujer y la sostenibilidad.

Su ministerio está desarrollando un programa de igualdad de género con la meta puesta en el año 2017, cuando esperan que un 30% de las mujeres campesinas se incorporen a los comités de regantes, igual porcentaje que las que adquieran títulos de propiedad de las tierras o reciban formación en cambio climático y tecnológica. ¿Cómo? “Hay un componente cultural muy importante. La mujer asume como algo natural que el propietario de la tierra sea el varón, por ejemplo. En una familia las hijas no consideran injusto que hereden sus hermanos. Así que nos centraremos en formación y acceso al crédito, que es lo que lleva al empoderamiento”, contesta Omonte.

Uno de los planes del ministerio peruano es convertir la red de oficinas de atención a la violencia doméstica del país en “centros de capacitación” que sirvan también para lanzar campañas de comunicación. Allí pondrán al servicio de las mujeres a psicólogos, asistentes sociales y asesores legales, en el caso de las ciudades. En el ámbito rural, a estas figuras se sumarán antropólogos y representantes de la comunidad.

La legislación es otra de las herramientas que va a usar el Gobierno peruano para fomentar la igualdad. La ministra explica que cuando trabajaba la empresa le llamó poderosamente la atención el número de mujeres directivas que encontró en Noruega a lo largo de uno de sus viajes de negocios. Preguntado descubrió que no se debía solo a sus capacidades, sino también a una ley de paridad. Con esa idea llegó al Congreso peruano. “La principal oposición que encontré fue de las pocas mujeres que ocupaban posiciones de poder. Creían que sería negativo. Fue un revés, pero poco a poco vamos avanzando, sobre todo en el ámbito público, para que las mujeres tengan una cuota en la dirección de las empresas del Estado”, relata.

También con legislación, su ministerio está tratando de cambiar otra realidad: el perjuicio de los pueblos más vulnerables cuando una industria se asienta en un territorio. En 2011 el Congreso aprobó la ley de consulta previa, que obliga a sondear a las poblaciones indígenas sobre cualquier actividad extractiva en sus tierras. La consulta no es vinculante y el Gobierno puede desoírla si estima que los beneficios para el país de determinada actividad son más relevantes que la opinión de los pobladores del lugar donde se va a desarrollar. Omonte, sin embargo, asegura que la voz de la comunidad es “fundamental y determinante”.