Aprobado a medias

La agencia de calificación Standard & Poor’s acaba de subir la nota de la deuda española en un escalón, hasta el nivel triple B que la sitúa en un grado medianamente satisfactorio, un poco más lejos de la calificación de bono basura. La decisión sigue los pasos de las mejoras aplicadas por Moody’s y Fitch en febrero y abril, respectivamente, y significa un reconocimiento a la mejora de las condiciones de financiación pública de la economía. Mejora que es general en Europa y en buena medida imputable al BCE, pero que supone un primer paso ineludible para sustentar la recuperación. Los mercados son los que han decidido esta mejora, como se ha podido apreciar cuando la semana pasada España emitió deuda a 10 años a un tipo inferior al 3% por primera vez en su historia.

Moody’s, Fitch y S&P sólo han tomado nota del cambio, en la línea de conducta que han seguido antes, durante y después de la recesión. No previeron la crisis y se limitaron a degradar la deuda de los países afectados por ella conforme los mercados elevaban los diferenciales de deuda. Es un método procíclico: ratifica la evidencia y debilita las posiciones nacionales ante unos mercados que ven confirmados sus temores, sean fundados o no.

El descenso de los costes financieros es imprescindible para el buen gobierno presupuestario porque la deuda pública española sigue aumentando y, por tanto, es necesario compensar con emisiones más baratas la subida del coste del servicio que se deriva del mayor endeudamiento. S&P, no obstante, incluye algunas advertencias atinadas que los responsables de la política económica deben tener en cuenta. La deuda total (privada y pública) equivale a más del 300% del PIB, pero mientras la privada se está reduciendo, la pública rebasará el 100% del PIB probablemente en 2016; la rebaja de esta deuda será larga y frenará la recuperación; y no se podrán cumplir los objetivos de déficit en 2015 y 2016 si no hay ajustes adicionales.

Este análisis es parcial, porque las situaciones de recesión prolongada exigen medidas monetarias excepcionales y programas para recuperar la inversión y el empleo. Pero, con todo, sitúa al Gobierno ante un dilema: tiene compromisos de restricción presupuestaria para este año y los dos siguientes que sólo cumplirá con nuevos ajustes; al mismo tiempo, la economía española necesita más inversión y empleo, que no vendrán solamente porque se anuncie la recuperación.