El ajuste equivocado

La Comisión Europea insiste en que la economía española debe proseguir, al menos durante los próximos dos años, con una política de ajuste presupuestario que garantice los objetivos de estabilidad financiera pública (menos déficit y deuda). Tiene razón sobre el papel, porque no se ha conseguido alcanzar los objetivos de déficit ni reducir un ápice el endeudamiento. Por el contrario, la deuda ha aumentado y es probable que en 2015 supere el 100% del PIB. Pero la situación actual de la economía no soportaría un ajuste superior a los 23.000 millones (recorte de gasto, más impuestos) en dos años, que es la cantidad aproximada necesaria para cumplir con el objetivo de déficit en 2015. Un ajuste de esa cuantía, que implicaría un recorte de gasto público y nuevas subidas de impuestos, arruinaría cualquier expectativa de recuperación de la economía en 2016.

La política económica de los últimos dos años se ha sostenido sobre la idea de que una política de austeridad combinada con la reforma laboral reduciría el coste excesivo de la deuda y facilitaría la creación de empleo. La aceptación formal de esa política más la ejecución de una reforma bancaria impuesta por la troika fueron la moneda de cambio para que el Banco Central Europeo (BCE) actuase contundentemente en contra de la presión de los mercados contra la deuda española. Pero el balance después de dos años de austeridad no es todavía el esperado. El crecimiento económico es débil, la inversión no crece al ritmo necesario para estimular un crecimiento mayor y el paro baja con exasperante lentitud.

En esta situación, prolongar una fase de ajuste presupuestario drástico sería una decisión equivocada. En primer lugar, por razones prácticas: los sacrificios que se piden a la mayoría de los ciudadanos, y que han causado procesos de pauperización en las rentas menos protegidas, no han alcanzado los objetivos de estabilidad marcados ni han sido la causa directa de la reducción de la prima de riesgo. En segundo lugar, porque las oportunidades de afianzar la recuperación económica implican necesariamente nuevas políticas que estimulen la inversión y el empleo.

El Gobierno tiene ante sí la oportunidad de cambiar la orientación de la política económica no solo con firmeza, sino también con claridad, es decir, explicando bien a los ciudadanos cuál es la situación real de la economía y qué medios se van a emplear para consolidar ese crecimiento todavía débil para convertirlo en recuperación. Los dos primeros pasos están claros: convencer a Bruselas y a las instituciones internacionales de que es conveniente apoyar la incipiente recuperación europea y aprobar una reforma fiscal que permita no solo afrontar los gastos, sino también disponer de algún margen de actuación presupuestaria en 2015 y 2016. Esta es hoy una de las tareas de más alcance que pueden desempeñar Rajoy y su Ejecutivo.