Reforma urgente

Hay retrasos imperdonables. Demorar el cambio de sistema de los cursos de formación es doblemente grave: primero, porque era una promesa del Ministerio de Empleo tener preparadas las modificaciones para este mes de abril; segundo, porque, mientras tanto, han salido a la luz dos casos de corrupción con presunto desvío millonario de dinero público. Los agentes sociales implicados —patronal y sindicatos— alegan que tales escándalos han dificultado el acuerdo al enrarecer el clima de la negociación, lo que es paradójico, dado que los fraudes deberían funcionar justamente como acicate para terminar con el sistema que los permite e inducen a sospechar que puedan estar produciéndose de manera generalizada.

El caso más serio es, de momento, el de Madrid, donde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cuantifica ya en 17 millones el dinero detraído de las arcas públicas (Comunidad de Madrid y Ministerio de Empleo). Las pesquisas señalan que una red de empresarios entre los que los cabecillas eran presuntamente José Luis Aneri y Alfonso Tezanos (ex mano derecha del presidente de la patronal madrileña) facturaban cursos que nunca se realizaban. Hace un par de semanas se supo que se llegaron a utilizar hasta listados de taxistas para rellenar los datos de alumnos ficticios.

En Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción señala 17 expedientes bajo sospecha por valor de 1,5 millones de euros. Es un caso de menor cuantía, pero de la misma profundidad de carga que el de Madrid: que el fraude se cometa en cursos de formación en un país de escaso presupuesto para políticas de empleo y altísimo paro es especialmente intolerable.

Las reacciones a estos fraudes han sido, sin embargo, inapropiadas. Interior difundió, sospechosamente, en primera instancia un monto del fraude andaluz de 2.000 millones, lo que generó un duro enfrentamiento con la Junta de Andalucía y ni la patronal ni la Comunidad de Madrid han dado explicaciones sobre el escándalo que les salpica.

Se necesita de verdad la transparencia y la concurrencia que promete el Ejecutivo para el nuevo sistema, pero, también, que los actores implicados faciliten un rápido acuerdo. Una primera prueba de buena voluntad sería la de asumir la responsabilidad que les compete en los fraudes ya conocidos y colaborar con la justicia hasta sus últimas consecuencias.