Vientres rotos

"Una mujer posiblemente no sería esterilizada forzadamente si fuera de clase media alta. Las políticas no se dirigen a todas las mujeres, sino a ciertos sectores. Por eso es importante lo que considero 'una solidaridad radical en materia de género': lo que produzca daño, lo que impacte a una mujer en una zona, en una comunidad andina, en una comunidad amazónica, en realidad nos agrede a todas". Esta fue la interpelación que Giulia Tamayo León, abogada feminista y defensora de los derechos humanos, recién fallecida, hizo al movimiento de mujeres peruanas en 1999, en un contexto donde ella denunció y evidenció, por primera vez, las esterilizaciones forzadas en el país.

Entre 1996 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, según informes de la Defensoría del Pueblo, se esterilizó de manera forzada a más de 276.272 mujeres y 22.004 hombres. Las víctimas eran de poblaciones quechuas, aymaras, shipibas, asháninkas, campesinas, rurales y de zonas urbanas marginales, que pasaron por el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori presentó a la comunidad internacional en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín 1995). Las victimas han luchado durante años contra la impunidad del Gobierno de Fujimori y los implicados. Hace unas semanas se archivó el caso ante el pasmo de miles de mujeres peruanas, asociaciones de derechos humanos, abogados y víctimas. Esta es la historia.

Durante su primer periodo presidencial, Alberto Fujimori evidenció su gran interés en aplicar una política de planificación familiar a través del Programa Nacional de Población. Fue en 1991 cuando por primera vez habló de ello. “Esta década debe ser la de la planificación familiar”. Cuatro años después, el 28 de julio de 1995, anunció el comienzo de tal campaña en un discurso televisivo.

Según evidenció Giulia Tamayo en su informe de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998, Nada Personal, "el Gobierno de Fujimori hablaba de metas a mediano plazo para reducir las cifras del crecimiento poblacional y la tasa de fecundidad desde 1991. El Programa Nacional de Población, promulgado ese año, incluyó como objetivo la reducción de la tasa de fecundidad por mujer a 3,3 hijos".

En 1992, mediante una resolución ministerial se cambió el Manual de Salud Reproductiva del Estado peruano para legalizar la esterilización en casos de “riesgo reproductivo”. Según la Defensoría del Pueblo, las cifras exactas de esterilizaciones realizadas durante 1992 habrían sido de 6.911 y de 14.783 en 1993. Se duplicaron de un año a otro en un contexto de "autogolpe de Estado", pues Fujimori disolvió el Congreso de la República y facilitó al Poder Ejecutivo legislar numerosos decretos sin oposición.

En 1995, Martha Chávez, presidenta del Congreso e integrante del partido de Fujimori, promovió un proyecto de Ley para legalizarla en su totalidad. Mientras, el Ministerio de Salud emitió una resolución para que todos los centros de salud priorizaran la difusión sobre planificación familiar y el suministro gratuito de “la más amplia gama de métodos anticonceptivos”.

Finalmente, el 6 de febrero de 1996 se aprobó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, firmado por el ministro, Eduardo Yong Motta. Oficialmente, quedó a cargo del ministerio de Salud. Poco después, Fujimori lo trasladó al de Economía y Finanzas. Con estos cambios y su liderazgo directo sobre él, evadió posibles acciones de seguimiento y monitoreo.

Días después, una resolución (en 1996) decretaba que ya no sería necesario el consentimiento de la pareja, sino solo el de la paciente, para aplicar la esterilización quirúrgica voluntaria (AQV). La investigadora Christina Ewig en su informe Engineering Development: The Reform of Family Planning in Peru under Fujimori (2000) evidencia la falta de procedimientos regulares en el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar: la participación directa del presidente, la disolución del Consejo Nacional de Población, su posterior absorción dentro del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, el aislamiento del programa dentro del propio Ministerio de Salud y la existencia de asesores externos del presidente.

Tamayo señalaba cómo el programa fue focalizado hacia los sectores más pobres del país, sobre todo mujeres. Fujimori lo puso en marcha porque, según se lee en el documento, "considera que es una buena estrategia para reducir la pobreza, cuando en cualquier otro país las campañas irían destinadas a la educación y a la sanidad". Y destaca: "En Perú la esterilización es gratuita, pero la asistencia médica por parto es de las más caras de Latinoamérica". Posteriormente, una subcomisión parlamentaria encargada de investigar estos hechos, presidida por Héctor Chávez Chuchón, ante la evidencia de que la mayor cantidad de denuncias de esterilizaciones vinieron de las zonas más pobres del Perú (Huancavelica, Piura, Ayacucho, Cuzco, Apurímac, La Libertad, Puno y Cajamarca), lo denominó “genocidio”, porque implicaba la “destrucción total o parcial de un grupo étnico, social o religioso”, a través de “medidas destinadas a impedir nacimientos en el grupo”.

Métodos coercitivos, silencio y complicidad

Según Tamayo y las propias mujeres denunciantes se organizaron los conocidos como "Festivales de salud" o "Campañas de AQV" con el objetivo de inducir a las mujeres a utilizar métodos definitivos de planificación familiar, especialmente la AQV, irreversible para ellas. Así, se buscaba lograr efectividad en la campaña de "captación" (término utilizado literal y oficialmente).

En su texto, Tamayo evidencia que los centros de salud y su personal fijaron cuotas de esterilizaciones, y desde el Ministerio les instaron a cumplirlas mediante promesas de bonificaciones y amenazas de sanciones. Por su parte, el personal de salud empleó diversos mecanismos de presión. Engañaron a las mujeres, no revelándoles la verdadera intención de la operación y las consecuencias. Emplearon amenazas o promesas de dinero o alimentos. Realizaron esterilizaciones contra la voluntad expresa de las afectadas. En otros casos, no informaron nada a la interesada y aprovecharon su paso por el hospital por otro motivo, como un parto, para esterilizarlas. El silencio y complicidad de todo el personal de salud generó impunidad.

Esperanza Guayama, vicepresidenta del Comité de Defensa de Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDME), relata: "Yo no sabía leer ni escribir. En 1996 aparecieron un doctor y una enfermera en mi caserío de Rodeopampa. Nos dijeron a las mujeres que teníamos que bajar a Huancabamba para vacunar a nuestros niños. Y en el hospital, que mejor nos hiciéramos la ligadura (AQV) para no tener más hijos. Dijeron que era una orden del Gobierno. Me sacaron un análisis y dijeron que estaba normal, me pusieron la anestesia y me pasaron a un cuarto para operarme. Al rato escuché que una enfermera dijo: “¡La señora estaba embarazada!”. Al parecer, estaba de 3 meses, pero no me había dado cuenta. Le supliqué al médico que no me operara, que prefería tener a mi hijo, pero no me hizo caso. Me hizo la ligadura de una de las trompas. Yo continué el embarazo hasta los 8 meses, con muchas complicaciones hasta que di a luz, pero el bebé estaba ya muerto".

Porfiria Peña, prima de Gregoria Peña a quien esterilizaron sin consentimiento, narra: "En 1996, llegaron las enfermeras de la Posta Médica de Sóndor a su comunidad, para prometer que si se hacían la AQV les iban a dar alimentos, medicinas y ayuda toda la vida. Ella no aceptó porque no confiaba, y trataron de convencer a su mamá pero no pudieron. Entonces, la llevaron a la fuerza. Vinieron en una ambulancia y la llevaron al centro de salud Huancabamba (a 2 horas de distancia en coche), donde estaban otras mujeres a quienes también les iban a ligar las trompas. Allí, le quitaron la ropa y la pusieron sobre una cama. Ahí la operaron sin que se diera cuenta de lo que la estaban haciendo. Como era muda y analfabeta no le hicieron firmar nada, y presionaron a la mamá para que firmara el consentimiento".

Un desafío pendiente: verdad, justicia y reparación

Josefa Ramírez Peña, feminista y defensora de derechos humanos del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC) que trabaja en Huancabamba recuerda que en noviembre del 2012 y por exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reinició el proceso de investigación de las esterilizaciones forzadas. Fue así, como cientos de mujeres de Huancabamba esperaron el 19 de agosto del 2013 al Fiscal Marco Guzmán Baca, quien llegó a recoger los testimonios de más de cien esterilizadas, las cuales le esperaron con banderolas que exigían 'Justicia y Reparación'. Éste les prometió que pronto vendrían los médicos legistas para recoger pruebas de las afectaciones en su salud mental y física, pero nunca llegaron. Y el 22 de enero de 2014, el fiscal sorprendió a todas emitiendo una resolución de archivo de las investigaciones. Fue un golpe terrible para las mujeres de Huancabamba, pues actualmente no cuentan con defensa legal como sus compañeras de otras regiones".

El fiscal solo formuló denuncia hacia cinco personas relacionadas con la muerte de María Mamérita Mestanza, única víctima reconocida, pero no formalizó denuncia penal contra Alberto Fujimori, ni contra los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, ni asesores y directores involucrados.

Para María Esther Mogollón, activista del Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAMLF), colectivo que denunció públicamente las esterilizaciones, "la coyuntura política desempeñó un papel fundamental en este proceso. Cada Gobierno, y su correspondiente ministro de salud, ha tenido una actitud favorable o desfavorable hacia las mujeres". Según Mogollón, "el de Fujimori siempre negó lo sucedido cuando empezaron las denuncias, y amedrentó a la investigadora Giulia Tamayo, a Hilaria Supa una de las principales denunciantes y actual parlamentaria andina, y al MAMLF, con llamadas telefónicas, infiltraciones en la organización, webs falsas y otros mecanismos".

Mogollón explica que "el gobierno de transición de Paniagua no hizo nada. El gobierno de Alejando Toledo asumió la responsabilidad como Estado en el caso de Mamérita Mestanza, creando una Comisión Especial de Investigación de las AQV la cual aportó 57 evidencias. La ministra de Salud Mazzetti impulsó el Seguro Integral de Salud (SIS) con el PLAN E2 para víctimas de esterilización forzada que no se implementó. Y El gobierno de Alan García dio marcha atrás en el SIS, no investigó ni hizo nada por las víctimas".

El actual gobierno, de Ollanta Humala, prometió que no permitiría la impunidad. Sin embargo, el proceso de investigación que se abrió desde Fiscalía (2012), tipificado como crimen de lesa humanidad (según la CIDH), se archivó el 22 de enero de este año, dieciocho años después de las primeras denuncias.

Por ello, la exigencia de verdad, justicia y reparación supone un gran desgaste y desafío para las demandantes. "Son más de cinco archivos sucesivos. Ha habido poca voluntad política de las autoridades en estos años. De un lado, la Fiscalía ha tenido pocos recursos, con fiscales de limitada o nula experiencia en Derechos Humanos, género e interculturalidad, los cuales han recibido mucha presión de los fujimoristas, fortaleciéndose así la impunidad. Por otro lado, existe un juego de intereses de algunas organizaciones y financieras, que no desean la verdad, pues erraron en sus apoyos económicos y profesionales al gobierno de Fujimori", reflexiona Mogollón.

Por su parte, Josefa Ramírez señala que "a pesar de que el Perú es un país multicultural, el legado colonial ha quedado arraigado en todos los estamentos sociales, por lo cual el racismo, la discriminación y el etnocentrismo permean las prácticas y quehaceres políticos y administrativos, también del Estado. Por eso, las mujeres indígenas esterilizadas poco importan". Según Mogollón, "lo grave es que la mafia fujimontesinista ha seguido enquistada en todas las instituciones públicas. La lucha anticorrupción y por los derechos humanos se ve entorpecida".

Para Mogollón la demanda de las mujeres esterilizadas es "atención permanentemente a su salud física, la que se vio afectada desde que las operaron; y a su salud mental, pues muchas sufren depresión. También, solicitan servicios para atención de casos de violencia contra las mujeres". Por su parte, Ramírez sostiene que "el Estado tiene que invertir con proyectos sociales y económicos en las comunidades de las mujeres afectadas por las esterilizaciones, que contribuya a fortalecer su capacidad organizativa y autonomía económica, en coherencia con su entorno vital y su soberanía alimentaria".

Actualmente, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cuzco (AMAEFC), las integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDME) y las mujeres esterilizadas de otras regiones del país continúan impulsando acciones de incidencia en la búsqueda de justicia ante los poderes públicos. Y también demandan la solidaridad de la comunidad internacional para generar adhesiones de apoyo a su vindicación. "Las esterilizadas continuaremos exigiendo justicia. Iremos ante todas las instancias para que los principales culpables paguen por sus delitos, dice Huayama.

Con la visita de una Comitiva del Parlamento Andino a Perú en mayo (integrada por representantes de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela) para reunirse con el presidente Humala y diversas autoridades públicas, las mujeres esterilizadas reforzaron su acción de incidencia internacional para exigir que se reabra la investigación y se sancione a los responsables. El caso para las víctimas no está, ni mucho menos, cerrado.