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Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú

Las pacientes recibieron amenazas y alimentos para someterse a la intervención

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori y tres ex ministros de Sanidad serán denunciados por genocidio por el Congreso peruano. Se les acusa de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas, 'bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas' a más de 200.000 mujeres, la mayoría indígenas, entre 1996 y 2000, de las cuales 18 murieron. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres cuestionan las cifras. La denuncia se basa en un informe realizado por una comisión del actual ministerio de Sanidad.

El documento final fue entregado, el martes pasado, por el propio ministro de Sanidad, Fernando Carbone, al presidente de la subcomisión investigadora del Congreso, que preside el parlamentario Héctor Chávez Chuchón. El ministro Carbone, tras pedir disculpas públicas a todas las mujeres involuntariamente esterilizadas, sostuvo que 'en la mayoría de los casos se observa una clara disposición del despacho presidencial, que involucra a altos funcionarios del Estado, incluido el despacho del ministerio de Sanidad y sus direcciones regionales y generales'.

De acuerdo con el informe, las evidencias en las que se basa la acusación contra Fujimori y sus tres ex ministros son 56 documentos oficiales y los testimonios de diversos funcionarios del ministerio que trabajaron durante el Gobierno de Fujimori. Por ejemplo, se han encontrado oficios que dirige el ex ministro de Sanidad, Marino Costa Bauer, al entonces presidente Fujimori, en los cuales le informaba de las cifras mensuales de las denominadas anticoncepciones quirúrgicas voluntarias, así como de las proyecciones para los meses siguientes. Otra de las evidencias contra Fujimori son las cartas enviadas al jefe de la Casa Militar, en el Palacio de Gobierno, en las que se le solicita el apoyo con material médico para el programa de esterilizaciones.

La investigación precisa que entre 1996 y 2000 se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías, en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú. 'Se captó personas bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos sin que fueran debidamente informadas, lo que impidió que tomaran una decisión realmente informada', precisa el documento.

Juan Súccar, presidente de la comisión investigadora, dijo que las pacientes recibieron diversas promesas, incluida la entrega de alimentos gratuitos, si se sometían a la intervención quirúrgica, mientras que las que se negaron fueron amenazadas con no ser atendidas en los centros de salud. Es decir, se aplicaron procedimientos que no respetaron la dignidad de las personas.

Uno de los denunciados, el ex ministro de Sanidad Alejandro Aguinaga calificó la acusación de 'tremendo exceso' y señaló que gran parte de las conclusiones son 'demasiado tendenciosas'. 'Aquí sólo se hacen presentaciones sustentadas por lo que ocurrió después de las operaciones, pero nadie dice cómo se generaron estas políticas, ni mucho menos hablan de la triste realidad de la salud reproductiva que presentaba el país, con altísimas tasas de mortalidad materna e infantil', dijo.

Por su parte, una de las más leales defensoras de Fujimori, la ex congresista Luz Salgado, admitió que se produjeron algunas irregularidades en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, aunque éstas, dijo, fueron rápidamente corregidas. 'No por acusar a Fujimori de genocidio van a decir que este método fue mal utilizado en el país. Además, tampoco se puede decir que las 200.000 mujeres esterilizadas no están actualmente contentas'.

Algunas líderes de organizaciones de mujeres, además de condenar la esterilización forzosa practicada durante el fujimorismo y que tuvo el trágico saldo de 18 muertes, han advertido en el Ministerio de Sanidad la intención de acabar con las ligaduras de trompas o vasectomías como método de planificación familiar. Una de las recomendaciones del informe ministerial es anular la resolución que aprueba las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias. Es decir, el centro de atención no serían las mujeres afectadas, sino el método en sí.

Rocío Villanueva, defensora adjunta de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, cuestionó las cifras del ministerio. 'Lo que me ha llamado la atención es que ahora se diga que hay más de 200.000 mujeres ligadas contra su voluntad. Me gustaría saber en qué se basa este informe, pues la Defensoría conoce e investigó 690 casos de personas esterilizadas contra su voluntad'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de julio de 2002