El defensor del Pueblo cree que no procede acusar a Fujimori por las esterilizaciones
Según las investigaciones de la Defensoría, sólo se produjeron entre 200 y 300 casos de personas que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas
El defensor del Pueblo peruano, Walter Albán, afirmó ayer que no procede actuar penalmente contra el ex presidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud por las casi 300.000 esterilizaciones forzadas que se produjeron durante su Gobierno, ya que las pruebas que existen "no dan sustento para hablar de genocidio".
En este sentido, el defensor del Pueblo aseguró que en contra de Fujimori y sus ministros recaería "una responsabilidad política y no penal", según informó la emisora local 'CPN'.
En el programa 'Agenda del Día' explicó que las investigaciones de la Defensoría reflejan que sólo se produjeron entre 200 y 300 casos de personas que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas y que no se trata de "cientos de miles" como revela el informe del Ministerio de Salud.
"Creo que hay una confusión en los datos y cifras", subrayó Albán Peralta, que agregó que el tema debe ser manejado con "mucho más cuidado" porque las muertes de las que se habla no fueron resultado de las cuestionadas intervenciones quirúrgicas, sino por la falta de seguimiento.
Trabajo de campo
Para elaborar el informe se realizó un trabajo de campo en los departamentos de Cuzco, Ancash, San Martín, Piura y Puno, donde se recogió el testimonio de 507 personas, de las que el 10 por ciento aceptó haber sido sometida de forma voluntaria al referido procedimiento, bajo promesas de bienestar económico y familiar.
Según cifras de la comisión sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), en 1993 se realizaron 19.261 ligaduras y 906 vasectomías; en 1994, unas 28.000 ligaduras y 468 vasectomías; en 1995, unas 32.883 ligaduras y 1.424 vasectomías. Entre 1996 y 2000 un total de 215.227 ligaduras y 16.547 vasectomías. En ellas se aprecia que las cifras aumentaban anualmente y que el programa estatal cumplía sus metas.
El informe del Ministerio de Salud señala que existen evidencias de "presión y direccionamiento desde los más altos niveles del Gobierno de Fujimori". La política de natalidad de Fujimori estuvo dirigida a las poblaciones campesinas, indígenas y pobres.
