Fondos agujereados

La sucesión de escándalos en la gestión de los fondos de formación ocupacional en España muestra hasta qué punto las políticas activas de empleo han sido una fuente de corrupción tan extensa como persistente en el tiempo. El último episodio conocido es la investigación de un nuevo posible fraude en Málaga cuya divulgación ha dado lugar a un bronco enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Interior. La investigación se encuentra en fase preliminar y los datos recabados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía no han sido aún entregados al juez. Todo indica que podrían haberse cometido irregularidades graves, pero la información disponible no permite hablar todavía de fraude a gran escala y mucho menos cuantificarlo en 2.000 millones de euros, como sospechosamente se ha difundido desde Interior con gran acogida en medios próximos al PP. Esa es la cantidad total que ha manejado la Junta de Andalucía entre los años 2007 a 2013 para este tipo de cursos de formación y es improbable que todo el dinero haya sido objeto de fraude.

De momento, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por una partida de 5,9 millones, con 17 expedientes bajo sospecha por valor de 1,5 millones. Habrá que esperar pues a que la investigación progrese para determinar su alcance. En todo caso, la acusación de que Interior hace un uso partidista de ciertos servicios del Estado tiene sonoros antecedentes. Por ejemplo, la publicación, en plena campaña electoral catalana, de un informe policial falso y sin firma sobre supuestas cuentas en Suiza del presidente Artur Mas, cuya autoría el ministro no ha sido aún capaz de aclarar. Todo esto no es óbice para que se preste la atención debida al nuevo fraude descubierto en Andalucía. En una comunidad malherida por el escándalo de los ERE y con una tasa de paro del 36,3%, el caso vuelve a cuestionar los mecanismos de control, más allá de que los beneficiarios últimos puedan ser empresas sin escrúpulos. La Cámara de Cuentas ya denunció que el 89% de las ayudas en 2009 se adjudicaron sin concurrencia competitiva, porcentaje que en 2010, con un nuevo consejero de Empleo, se redujo al 36%.

El fraude de Málaga seguiría un modo de proceder similar al cometido presuntamente por la trama empresarial de Madrid, donde hay ya 13 imputados. Ahora se ha sabido que para rellenar los formularios de asistencia a los cursos fantasma se utilizaron hasta listados de taxistas. Y ambos se parecen mucho al caso Pallerols, el primero en llegar a los juzgados, en el que quedó demostrado que fondos de ocupación administrados por la Generalitat en Cataluña fueron desviados para la financiación irregular de Unió Democrática. El Gobierno acaba de denegar el indulto a dos de los condenados, que deberán ingresar en prisión. Lo harán 15 años después de abrirse la causa, lo que indica lo mucho que tarda la justicia en castigar la corrupción y lo poco que progresamos en el control de estos fondos.