Cataluña y monsieur Queuille

No existe ningún problema político tan urgente que no pueda ser resuelto mediante una indecisión”. Se ha atribuido la frase a Henri Queuille (1884-1970), político radical con importantes responsabilidades de gobierno durante la III y la IV República francesa. Sea o no cierta su autoría, se expresa con ella un estilo político que ha tenido destacados practicantes en otras latitudes. Podría ser reconocido en la estrategia —si así cabe llamarla— adoptada por el actual Gobierno español ante lo que algunos suelen llamar el “desafío soberanista”. A estas alturas de la peripecia, ha quedado también bastante claro que esta estrategia inmovilista está respaldada por la actual mayoría política en el Congreso de los Diputados, por gran parte de la opinión pública española y por un sector predominante de sus medios de comunicación. Frente a ellos, son minoría quienes desde hace tiempo o desde hace poco promueven la superación del esquema territorial vigente para dar alguna respuesta a quienes se manifiestan disconformes con sus resultados.

En otras circunstancias, una actitud mayoritaria de firmeza inamovible y de defensa de lo existente podría ser garantía de estabilidad y consolidación. Pero tal actitud choca desde hace años con un inconveniente no desdeñable: la existencia en Cataluña de una mayoría política, social y mediática que reivindica cambios en el statu quo de sus relaciones con el Estado y sus centros de decisión. Aunque sin coincidir en el contenido de los cambios, sus partidarios superan claramente a los inmovilistas locales. Y de esta discrepancia entre mayorías —en Cataluña y fuera de Cataluña— nace el conflicto.

Abundan las interpretaciones sobre las raíces de esta persistente contraposición. En estas páginas se han prodigado argumentos, parábolas y metáforas de variado ingenio y valor. Pero me pregunto si no ha pasado el momento de las interpretaciones o de refugiarse en la complaciente idea de que esta discrepancia nace de una astucia de clase o de una maniobra partidista sin apoyo social. ¿No sería más productivo explorar ya opciones de salida para un contencioso político que pocos se atreven a negar? Examinar vías de salida es ahora más acuciante porque es improbable que las cosas sigan como están. No es necesario invocar al célebre presocrático para admitir que todo fluye y —dadas las circunstancias del caso— con mayor velocidad que en otros tiempos.

Diversas decisiones del Gobierno indican que hay en marcha un proceso de involución autonómica

A modo de ejercicio y con ánimo de provocar nuevas sugerencias, apuntaré de nuevo cinco alternativas que se me ofrecen como pistas de desbloqueo. La primera consiste en una recentralización gradual del sistema existente. En realidad, parece estar ya en marcha un proceso de involución autonómica si examinamos una serie de decisiones recientes del Gobierno estatal en materias diversas: fiscal, municipal, educativa, laboral, medioambiental, etcétera. Es una involución que satisface a buena parte de la opinión española, incluso a gobiernos y poblaciones de algunas comunidades autónomas que ven reducida su propia esfera de autogobierno. En cambio, en nada favorece la posibilidad de convencer a la opinión catalana mayoritaria para que altere el sentido de sus aspiraciones. Más bien al contrario.

Una segunda opción de sentido opuesto apuntaría a incrementar el grado de descentralización sin variar demasiado las bases del esquema actual. A mi juicio, es un camino abierto, pero con poco recorrido. Lo reveló el intento de reforma estatutaria de 2006. Una eventual expansión de la descentralización sin transformaciones de calado en el modelo no subsanaría algunos de sus defectos capitales ni respondería a lo que se plantea desde Cataluña.

Una tercera pista apunta a la adopción de un modelo federal. La etiqueta federal admite matices muy variados: desde el federalismo a la alemana hasta un flexible federalismo asimétrico, tan ridiculizado hace años por algunos que lo recuperan ahora como recurso de última hora. Su viabilidad depende en todo caso de que la propuesta aporte precisiones mayores que las suministradas hasta ahora por sus promotores. Por otro lado, la aclimatación de este principio organizativo a la cultura política española puede ser bastante problemática a la vista de consolidadas tradiciones partidistas y administrativas. Pero ello no habría de ser obstáculo para explorar de buena fe lo que pueda dar de sí esta alternativa.

Un cuarto escenario consistiría en ampliar el acceso a la “vía navarra” al autogobierno. Se trataría en realidad de replicar el discreto confederalismo existente entre el Estado y aquella comunidad. O entre el Reino de España y el Reino de Navarra, si se prefiere apelar a sus raíces tradicionales. Lo califico como confederalismo discreto por un doble motivo: porque no es propiamente la confederación de los manuales y porque su carácter excepcional y algo extravagante pasa discretamente desapercibido para los acérrimos defensores de la ortodoxia constitucional. Sea como fuere, la relación establecida entre Estado y comunidad foral parece aceptada y satisfactoria para ambas partes, tanto en lo simbólico como en lo competencial y en lo fiscal. Algunas voces han sugerido recientemente —con o sin mención del precedente navarro— la posibilidad de una relación similar entre el Estado y Cataluña, una relación que cuenta con un ejemplo muy consolidado y que no parece haber socavado fatalmente los cimientos del presente orden constitucional.

Una separación amistosa tendría costes elevados, pero menores que si se tratara de un divorcio turbulento

Finalmente, hay que referirse a la hipotética separación entre Cataluña y España por más que se opongan a ella importantes obstáculos legales, económicos y sentimentales. Cabe imaginar una separación amistosa o una separación agria y turbulenta. Con costes elevados en ambos casos y para ambas partes. Pero menores tal vez en la primera que en la segunda. Por desgracia, no parece que la separación amistosa sea imaginable a la vista del clima que nos envuelve. Habría que resignarse, por tanto, a que se diera la segunda. A sabiendas de que su naturaleza conflictiva tampoco excluiría una negociación para resolver multitud de cuestiones de derecho y de hecho.

He dejado a un lado los aspectos jurídico-constitucionales de cada alternativa. No porque sean insignificantes, sino porque —en desacuerdo con ciertas posiciones inmovilistas— considero que no son los únicos ni siempre los más determinantes para orientar el planteamiento de la cuestión y sus salidas alternativas. Aquí están en juego otros recursos igualmente importantes que se barajan en contenciosos de este carácter: valores simbólicos, disponibilidades económico-financieras, dimensión geoestratégica, conexiones internacionales, etcétera. Sin olvidar —como es natural— la intensidad de la movilización ciudadana o la capacidad de imposición coactiva de cada parte. Todos los recursos —y no solo uno de ellos— deberán ser aquilatados para estimar la viabilidad de las diferentes alternativas cuando se entable la negociación a la que indefectiblemente se llegará más tarde o más temprano, con o sin votaciones o consultas previas.

Una única alternativa se me presenta como totalmente inútil para superar el bloqueo actual. Es la del impávido inmovilismo del que presumía —según dicen— el hombre político francés citado al principio de este artículo: una forma de gobernar que consiste en dejar pasar el tiempo sin adoptar iniciativa alguna. Conviene recordar que este estilo de gobierno atribuido a ciertos dirigentes franceses de la segunda posguerra mundial desembocó finalmente en una crisis institucional de carácter terminal. Una crisis que acabó con el régimen de la IV República, llevó al poder al general De Gaulle, obligó a adoptar una nueva Constitución y dio paso a la independencia de Argelia y de todas las colonias africanas de Francia. Porque cuando los dirigentes y las instituciones existentes no son capaces de acomodar nuevos procesos sociales quiebran de manera estrepitosa y son desbordadas por la realidad de los hechos. A corto o a medio plazo.

Josep M. Vallès es catedrático emérito de ciencia política (UAB).