Bajo siete llaves

Los secretos oficiales se rigen en España por una ley promulgada en tiempos de Franco y modificada parcialmente en 1978, antes de que fuera promulgada la Constitución. Todos los intentos realizados para desclasificar documentos se estrellan contra esa ley, que ningún Gobierno democrático ha querido reformar, y que centraliza en el Consejo de Ministros y en la cúpula militar la capacidad para permitir el conocimiento público de cualquier materia reservada o secreta. No se discute el derecho del Estado a mantener bajo reserva documentos recientes, sobre todo los que afectan a la seguridad pública, sino el acceso a los de valor histórico al cabo de 25 o 30 años, como se actúa en otras democracias.

Investigadores e historiadores son los afectados más directos, impotentes para trabajar en España como se hace en Estados Unidos o en Reino Unido. Pero en realidad es la ciudadanía la que se ve perjudicada al desconocer detalles de su propia historia como país. También los dirigentes políticos se han acostumbrado a tomar decisiones sin tener en cuenta los fundamentos históricos de determinados temas, algo que sí se se hace en otros países occidentales, pero que casi nunca ocurre en España.

En la época de Gobierno de Zapatero, el Ministerio de Defensa preparó la desclasificación de 10.000 documentos correspondientes al periodo entre 1936 y 1968, en los que parece existir información sobre unidades militares, campos de concentración, conflictos con Marruecos o el apoyo estadounidense. Sin embargo, Defensa paralizó esa desclasificación una vez instalado el PP en el poder. En cuanto a la documentación diplomática, que fue declarada secreta en la época socialista, continúa exactamente igual. Una iniciativa reciente de Izquierda Plural para levantar el velo ha sido rechazada en el Congreso, bajo el argumento de que hace falta más tiempo y mayores recursos para organizar los documentos del archivo de Exteriores, que hace año y medio fueron dispersados entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración.

La reciente entrada en vigor de la Ley de Transparencia no ha cambiado tal estado de cosas. De poco sirve proclamar retóricamente la voluntad de transparencia, si no se interioriza la idea de que la documentación pública debe ser accesible por principio; y que las restricciones a ese derecho solo pueden justificarse por la protección de otros derechos e intereses legítimos, como establece el Consejo de Europa. Mantenerlo todo bajo secreto es incompatible con la transparencia y la libertad de conocimiento. El Gobierno debería decidirse a permitir la desclasificación de documentos de valor histórico, poniendo fin así a una anomalía fabricada de silencios y ocultaciones. No puede ser que solo se obtengan detalles de nuestra historia a medida que se desclasifican documentos en Estados Unidos o en Gran Bretaña.