El gobierno español pasa de los niños soldados

Esta entrada ha sido escrita por Alba Gutiérrez (@albagutierrezf) y Miguel Ángel Vázquez (@MAVazquez22), del equipo Avizor (@proyectoavizor) del Centro de Investigación y Estudios de Comercio y Desarrollo (CIECODE).

La celebración ayer del Día Internacional contra la Utilización de Menores Soldado tuvo poco de festivo. A pesar de los esfuerzos realizados por visibilizar esta cruda realidad y de la infinidad de declaraciones políticas para acabar con ella, 2012 y 2013 rompieron con la tendencia de los últimos años y dejan un repunte significativo en el número de menores que son utilizados como soldados en conflictos armados.

Las ONGs que trabajan en este ámbito nos recordaban ayer este problema. Existen alrededor de 300.000
 niños
 soldado
 en
 el
 mundo que ven vulnerados sus derechos más básicos cada día y que, si logran sobrevivir a los conflictos en los que participan, tendrán grandes dificultades para reinsertarse. Antes estas noticias, en Proyecto Avizor nos hicimos una pregunta: ¿Qué ha hecho España para contribuir a acabar con esta lacra?

Es complicado saberlo pero, lamentablemente, la respuesta parece ser una combinación de incoherencias políticas y promesas incumplidas. Existe una recomendación parlamentaria, aprobada hace casi dos años por el Congreso, que propone incluir en la agenda política de Cooperación Internacional el problema de la utilización de niños y niñas soldado en conflictos armados. Sin embargo, es poco o nada lo que públicamente sabemos de lo que ha hecho el Gobierno para cumplir con esta recomendación.

La mera existencia de conflictos armados y de la exportación de armas a los países en conflicto son causas que están detrás del drama de los menores soldado. Y sí, España ha sido de los primeros países del mundo en firmar el Tratado de Comercio de Armas en junio 2013. Pero, a pesar de los repetidos llamamiento del Congreso a realizar un política exterior coherente con esta prioridad, se han seguido realizando exportaciones a destinos “preocupantes” donde las armas pueden ser utilizadas para la violación de derechos humanos. Exportaciones a países que, según la ONU, reclutan menores tales como Colombia, Paquistán, Israel, Ghana, algunos de ellos con conflictos armados abiertos hoy en día.

Por otro lado, a pesar de que la propuesta parlamentaria sobre los niños soldado partió del propio Grupo Popular y fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados, ni el Plan Anual de Cooperación Internacional de 2012, ni el IV Plan Director de Cooperación incluyen ni mencionan las recomendaciones recogidas en dicha propuesta.

Aunque una iniciativa de orientación política aprobada por el Congreso no genera directamente obligaciones al Gobierno, sí da argumentos al resto de fuerzas de la Cámara y a los ciudadanos para demandar que el Gobierno adopte medidas en una determinada dirección, ya que cuenta con la legitimidad de haber salido de la cámara de representación popular.

Este incumplimiento del Gobierno respecto a los menores soldado no es, lamentablemente, nada excepcional. Es un ejemplo más de los muchos en lo que el Ejecutivo parece tomarse con poca seriedad las recomendaciones parlamentarias y en los que existe una absoluta ausencia de rendición de cuentas del Gobierno ante el Parlamento de nuestro país.

Existirá al menos algún mecanismo en el Congreso que permita saber qué recomendaciones parlamentarias se están cumpliendo y cuáles no, os preguntaréis. Pues no. Lo que resulta aún más preocupante es que sí existe este registro en el Ministerio de Presidencia pero no es público para los ciudadanos ni para los propios diputados. Tampoco se exige la comparecencia del ministro del ramo ante el Congreso para dar explicaciones y rendir cuentas. Ante este panorama, iniciativas que en un principio parecen positivas, pasan a convertirse frecuentemente en papel mojado.

Aprovechamos la oportunidad para recordarle a la Comisión del Reglamento del Congreso, que ayer retomó su actividad para debatir la reforma del Reglamento del Congreso, la necesidad de avanzar en la transparencia y de generar mecanismos para asegurar una rendición de cuentas objetiva y evaluable de las recomendaciones parlamentarias. Sólo así se podrá asegurar que el esfuerzo y tiempo invertido dentro y fuera del Congreso en proponer, debatir y aprobar estas iniciativas tiene un impacto político real y efectivo y contribuye a la transformación de la sociedad en temas tan relevantes como la eliminación del uso de niños y niñas como soldados.