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TRIBUNA

Deuda pública y solvencia bancaria

Una mala gestión puede tener beneficios millonarios

La ausencia de requerimientos de capital sobre la deuda pública presente en las carteras de las entidades financieras, combinada con la retracción del crédito a residentes y la disposición de financiación barata del BCE, ha conducido a porcentajes excesivos de acumulación de deuda pública por parte de las entidades financieras. Ello ha agudizado la correlación entre el soberano y la solvencia bancaria, cuyo círculo maléfico es bien conocido. Variaciones en la prima de riesgo exigida al soberano alteran el valor de las carteras de deuda de los bancos y afectan a su solvencia, lo que vuelve a impactar en el soberano. Pero, además, conviene destacar que este problema está teniendo efectos perversos en la evolución reciente de las entidades financieras europeas, premiando en algunos casos a las entidades que asumen riesgos desproporcionados. Un ejemplo, algo extremo pero con trasfondo real, lo pone de manifiesto.

Supónganse dos entidades financieras de una economía periférica de la Unión Europea, de tamaño relativamente similar, aproximadamente 100.000 millones de euros. Estas entidades se enfrentaron a decisiones sobre la gestión estructural de su balance cuando arreciaba la desconfianza sobre las economías europeas. La demanda de crédito solvente se había derrumbado y las entidades habían elevado sus estándares de riesgo para evitar operaciones que generaran más mora. Como consecuencia, las fuentes de ingresos habían mermado. En el pasivo, la fuerte competencia por captar dinero, impulsada por entidades con problemas de liquidez, y el creciente coste de los depósitos a pesar de la caída de tipos de interés. Todo ello afectaba muy negativamente al margen de intereses de las entidades.

El cruce de deuda y rescates entre Estados y banca es un plan inestable

El área de Gestión de Activos y Pasivos (COAP) y el Comité de Riesgos de la primera entidad, muy solvente, consideraron que invertir en deuda pública nacional exponía a la entidad a un activo que, aunque teóricamente exento de riesgo por definición, podría afectar a la calidad crediticia de la entidad. Y ello porque no podía excluirse una caída importante de su precio, ni el default o incluso la ruptura del euro. Además, había una probabilidad significativa de que los reguladores impusieran requisitos de capital sobre las tenencias de deuda o establecieran un porcentaje de recorte sobre el nominal en los futuros stress test. En consecuencia, se limitó la inversión en deuda pública española al 2% del activo: 2.000 millones. Y a plazos cortos, por lo que el margen obtenido era de solo dos puntos: 40 millones de euros anuales de margen.

Por el contrario, la segunda entidad, mucho menos solvente, vislumbró la oportunidad de generar un margen de intereses extra invirtiendo en deuda pública cuando los tipos estaban por encima del 5% (los plazos largos, incluso al 7%). El Comité de Riesgos dictaminó que la deuda nacional era segura por definición. Y la inversión no exigía capital por lo que podría hacerse masivamente. Además, el BCE lanzó sus programas de financiación a largo plazo y coste del 1%, por lo que la entidad invirtió en deuda 25.000 millones de euros a diversos plazos. Con un diferencial medio de cuatro puntos, ello le suponía 1.000 millones de euros de margen de intereses anual.

Esta historia tiene dos posibles vías de continuación. La primera es que el país fuera, por ejemplo, Grecia. El default de la deuda supuso pérdidas muy significativas para la segunda entidad, que incluso superaron su capital. Los accionistas perdieron todo su valor, los acreedores tuvieron quitas y la entidad tuvo que ser rescatada o liquidada. La primera entidad, en cambio, tuvo unas pérdidas muy moderadas que provisionó sin mayores problemas. Y, tras la quiebra de otras entidades, reforzó su cuota de mercado en el país. La conclusión sería que la gestión adecuada y prudente de una entidad financiera rinde sus frutos.

El desenlace alternativo es bien distinto después de la intervención del BCE de agosto de 2012. Supóngase que no se refiere a Grecia, sino a España. La segunda entidad obtuvo 1.000 millones de margen adicional durante tres años, provisionó cantidades significativas y, aun así, dio beneficios más elevados que otras entidades. Además, en 2013 bajaron mucho los tipos de interés, con la consiguiente subida de los precios de la deuda pública y el aumento de valor de su cartera. El banco decidió vender la deuda y materializó unas elevadas plusvalías en la rúbrica de Resultados por Operaciones Financieras (ROF). Por supuesto, repartió importantes bonus entre los responsables de la gestión del balance. Por el contrario, el Consejo de la primera entidad hizo comparecer a los responsables del COAP y de Riesgos para que explicaran por qué sus resultados eran mucho peores que los del competidor. Por supuesto, se quedaron sin bonus, e incluso se estudió el cese de los directores.

Sólo el BCE se interpone en el círculo maléfico entre la deuda y la solvencia bancaria

¿Tiene sentido todo esto? Evidentemente, ninguno. No es de recibo que se puedan tomar decisiones de gestión heterodoxas que encuentren una recompensa millonaria. Lo que indica que la regulación existente deja mucho que desear. No hacer cambios permite que los Gobiernos coloquen su deuda subrepticiamente en los bancos, que las economías periféricas ganen tiempo y que no tengan urgencia por la consolidación fiscal o por impulsar las reformas estructurales. Es como hacerse trampas en un solitario. El cruce de deuda y rescates entre Estados y banca no es una solución estable. Existen razones para establecer requisitos de capital sobre la deuda de bajo rating en los balances bancarios, al menos en casos de excesiva concentración. Aunque, en todo caso, debería hacerse con tiempo y plazos de adaptación adecuados, porque el momento actual resulta inoportuno, y constituir no una norma particular, sino generalizada.

La situación actual es insostenible. La deuda pública española ha aumentado 22,9 puntos del PIB entre diciembre de 2011 y septiembre de 2013. El gasto público sigue creciendo, hasta el 48,3% del PIB en septiembre de 2013. Y la deuda nacional en los balances bancarios se sitúa próxima a 300.000 millones, el 10% del activo. Solo el BCE se interpone en el círculo maléfico entre el soberano y la solvencia.

David Taguas y Carmelo Tajadura pertenecen al Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela.

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