Cuando la justicia discrimina

Hablar de igualdad o desigualdad es siempre complejo, sobre todo si de lo que hablamos es de igualdad de género y nos encontramos en tiempos de crisis económica. Asumir la igualdad como ideal y gritarla como principio sí, llevarla efectivamente a la práctica, es decir, reconociendo auténticamente la dignidad humana de los que consideramos distintos a nosotros… eso, eso es otra cosa; y es complejo porque en la realidad cotidiana aparecen nuestros miedos y nuestros prejuicios. Miedos, prejuicios y pensamientos estereotipados acerca a los que no escapa nadie, incluyendo a los funcionarios encargados de garantizar el respeto por los principios de igualdad y no discriminación. Dentro de este grupo de funcionarios, en ocasiones, encontramos a los jueces y las juezas.

Me refiero a cuando nos topamos en el periódico o en el informativo con noticias acerca de decisiones judiciales que nos llenan de indignación, que nos hacen preguntarnos por el verdadero significado de la justicia, por quién vigila a los jueces y para qué sirve eso que llamamos derechos. Esas decisiones judiciales que nos dejan con esa sensación de desolación y desamparo que provoca la injusticia. Voy a dar un ejemplo, en noviembre de 2013 una jueza en Bolivia ordenó la detención domiciliaria con escolta policial de una trabajadora sexual seropositiva, por considerar que esta mujer representaba un riesgo de salud. La mujer de 25 años, es madre de dos niños. La medida fue solicitada a la jueza encargada por los Servicios de Salud y el Ministerio Fiscal. Otras medidas, como la educación en materia de prevención de la transmisión u ofrecerle otras alternativas de empleo por ejemplo, no se tomaron, por el contrario se decidió apartar a esta persona del resto de la sociedad. En el caso, el terror que las siglas VIH/SIDA trae consigo operó como justificante suficiente para que la humanidad de la persona involucrada despareciera. No se trata más de una mujer joven, madre, con necesidades económicas y una situación de salud que requiere atención médica, sino sólo de alguien con VIH/SIDA.

Un ejemplo más: en Montana, Estados Unidos, un juez redujo a 30 días de prisión la condena por violación de un hombre encontrado culpable de violar a una niña de 14 años, de la que era su profesor. La razón dada por el juez fue que, según su valoración, la niña actuó de una forma mayor a la que correspondía a su edad y por tanto se podía asumir que ella tuvo control de la situación. Es decir, el juez evaluó la conducta de la menor y aplicó el derecho a partir de su visión acerca de la conducta femenina y de quién es una víctima de violación creíble. La imagen de la mujer provocadora, depredadora, que incita al varón, débil ante la astucia femenina, tuvo más peso que los hechos, que incluían la posición de autoridad del perpetrador y la enorme diferencia de edad.

Ambos casos tienen en común a sus protagonistas, dos mujeres que necesitaban la protección de todos, es decir, la protección pública, responsabilidad de los agentes del Estado. Sin embargo, en ambos casos fueron atacadas, violentadas, victimizadas y estigmatizadas por la misma autoridad llamada a protegerlas. Más aún, situaciones como estas son frecuentes en todos los países del mundo, ricos o pobres, del sur o del norte, y tienen como consecuencia la reproducción de los prejuicios y los estereotipos que se encuentran en la base de la discriminación y las situaciones de marginalidad. Si las pre-concepciones de género socialmente dominantes son manifestadas y traducidas por el Estado dentro de sus prácticas y en el lenguaje de sus autoridades, las condiciones de discriminación en que se encuentran las mujeres sólo pueden agravarse.

En este sentido, los Premios Género y Justicia al Descubierto, un proyecto anual de la organización internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, plantean que es una responsabilidad colectiva el prestar atención a lo que sucede con la interpretación y aplicación de la ley, denunciando las malas prácticas judiciales donde quiera que ocurran y aplaudiendo cuando la dignidad humana es defendida y protegida por la autoridad pública de los jueces.

Se trata de una iniciativa que otorga un “premio” de vergüenza o castigo, llamado Garrote, a las decisiones judiciales que lejos de proteger los derechos humanos, contribuyan a la perpetuación y legitimación de situaciones de discriminación en base al género. Al mismo tiempo, se otorgan los premios Mallete a las buenas decisiones judiciales, que avanzan en la protección de los derechos humanos. Así, en esta edición 2014, se encuentra nominada en la categoría Mallete una decisión de un tribunal español en donde un funcionario de prisiones fue condenado a 25 años de prisión por el abuso sexual y violación de tres presas. En su decisión, los jueces reconocen la violencia sexual como un atentado contra la dignidad humana, afirmación que para muchos puede resultar una obviedad pero que sin embargo no lo es. Muy por el contrario, envía un mensaje claro de que el Estado no tolera y sanciona de manera efectiva la violencia contra la mujer, y con mayor rigurosidad cuando se trata de violencia ejercida por uno de sus agentes.

Cada año, Women’s Link a través de su página web, abre un período de convocatoria de casos judiciales como estos. Cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo puede nominar una decisión judicial de la que tenga conocimiento y no hace falta haber estado implicado directamente en el caso. Al cierre del período de nominaciones, se abren las votaciones para decidir las decisiones ganadoras de los premios del público Garrote o Mallete. Paralelamente a esta votación del público, un jurado internacional decide las decisiones ganadoras de los Garrote y Mallete en las categorías de oro, plata y bronce. La organización se encarga luego de lo que los jueces y juezas involucrados, sin importar en que parte del mundo se encuentren, reciban los certificados con sus premios de aplauso o reproche.

La interpretación de las leyes por parte de los jueces determina a quién y a qué se protege, de qué manera y hasta dónde, dando contenido real, concreto, al concepto de dignidad humana y a derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, a la salud o a vivir libre de violencia. Esta función, una de las más relevantes para el avance en el respeto de los derechos humanos, no puede ser entendida como propiedad absoluta de los jueces. Muy por el contrario, requiere de un debate social permanente entre la sociedad civil y la rama judicial, a todos los niveles, local y global. Los Premios Género y Justicia al Descubierto son una invitación muy positiva encaminada a plantear y mantener este debate, cada vez más necesario dentro del actual escenario en donde los derechos parecen haber pasado a un plano secundario o se nos pide su renuncia - o “suspensión temporal” - en aras de la recuperación económica.

Glenys De Jesús Checo es directora del Observatorio de Género y Justicia de la organización Women’s Link Worldwide.