No improvisar

Tomar atajos para estrechar aún más el campo de la justicia universal es una mala idea, sobre todo si se pretende hacerlo con precipitación manifiesta. Cuando se elige la vía del proyecto de ley para reformar la legislación en vigor, el Gobierno tiene que pedir dictámenes consultivos a órganos del Estado, que requieren de ciertos plazos; en cambio, una simple proposición como la pretendida permite la actuación veloz de la mayoría absoluta. Esta vía puede acabar con el respeto al principio de la jurisdicción universal, y también con el necesario debate y consenso sobre su aplicación.

Castigar genocidios, actos de terrorismo, torturas o crímenes de guerra suele ser muy difícil. Algunos de los países más poderosos de la Tierra no solo rechazan al Tribunal Penal Internacional, sino que bloquean toda investigación por parte de un solo país —España, en este caso— que afecte a sus ciudadanos. Un derecho teórico a aplicar la acción penal puede no ser razón bastante para sostener causas que conducen a la frustración, por imposibilidad práctica de tramitarlas. Pero el debate sobre límites, plazos y condiciones es incompatible con la cesión a las presiones de otros Estados.

El PP trata de sofocar el enfado del Gobierno de Pekín por la causa judicial sobre el genocidio del Tíbet que, en su estado actual, pretende la detención de personas importantes del Partido Comunista Chino. De paso intenta desembarazarse de asuntos pendientes (muertes del cámara José Couso y del sacerdote Ignacio Ellacuria, vuelos de la CIA y otros) por el expediente de retirar a los tribunales la jurisdicción para entender de conductas cuyo presunto responsable es un extranjero que no esté en España.

El recorte legal pretendido por la mayoría de Rajoy se plantea tras el llevado a cabo en la época de Zapatero, si bien este contó con el consenso del PP cuando estaba en la oposición. La reforma anterior se produjo tras causas judiciales que molestaban a Estados Unidos, Israel o China, y limitó la aplicación del principio de la justicia universal a asuntos en los que existe algún “vínculo de conexión relevante con España”. En cambio, la proposición en curso pretende acabar de un plumazo con todas las molestias diplomáticas. Pero no se puede renunciar al derecho de ejercer la acción penal universal, ni menoscabar su capacidad disuasoria frente a otras barbaridades.