La reforma laboral necesita mejorar
Los cambios normativos en el mercado de trabajo han aumentado la flexibilidad salarial y organizativa en las empresas, pero poco aportan en políticas activas de empleo ni en reducir la precariedad de los contratos
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El mercado laboral español mostraba ya antes de la recesión actual un comportamiento anómalo en términos de creación y destrucción de empleo y, en consecuencia, también en términos de tasas de paro. Tanto la magnitud en las tasas de desempleo como su volatilidad han sido muy superiores a las de los países de nuestro entorno ya desde el comienzo de la época democrática. Ambas características indican que nuestro mercado laboral adolece de factores estructurales que es necesario abordar. La reforma de 2012 es por ahora la última de las numerosas que se han acometido en nuestro país desde mediados de los ochenta para tratar de resolver los graves problemas de nuestro mercado de trabajo.
El preámbulo de la reforma realiza, en mi opinión, un diagnóstico acertado sobre el rumbo que debiera tomar nuestro mercado de trabajo para su mejor funcionamiento. Afirma que el objetivo de la misma es conseguir la flexiseguridad, paradigma laboral que pretende que las relaciones laborales sean flexibles, pero que a su vez los trabajadores tengan contratos estables y se encuentren protegidos por políticas activas y pasivas de empleo. Lo cierto es que la reforma de 2012 acomete cambios contundentes —no siempre acertados, en mi opinión— en cuanto al aumento de flexibilidad (interna y externa); pero no tan contundentes en lo que se refiere a la mejora en la eficacia de las políticas activas y a reducir la dualidad contractual, ambas claramente insuficientes. Vayamos con cada una de ellas.
La reforma sin duda ha permitido el aumento de la flexibilidad interna, es decir, ha conseguido que sea posible modificar las condiciones laborales sin tener que recurrir al despido ante una situación recesiva. En este sentido, tanto los cambios dirigidos a primar la negociación a nivel de empresa como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo abierta tras la reforma, y en particular, la posibilidad de una disminución salarial para evitar los despidos puede por primera vez ayudar a que los ajustes temporales se realicen sobre salarios en lugar de tener que recurrir a los despidos. Dicho esto, sería conveniente que las modificaciones de contrato tuvieran especificados unos márgenes de actuación. La ausencia de los mismos puede dar lugar a abusos por parte del empresario, por una parte, y también puede dañar la seguridad contractual. Estos márgenes no están especificados en la actualidad y sería muy beneficioso que fueran contemplados.
La reforma laboral de 2012 también ha favorecido la flexibilidad externa mediante el abaratamiento de los despidos. Desde la aprobación de la reforma, los despidos por causa objetiva, bien sean individuales o colectivos, han aumentado sensiblemente. Desde mi punto de vista, en un contexto de enorme destrucción de empleo como el que España estaba viviendo en 2012, y en ausencia de políticas activas eficaces para la pronta reinserción en el mercado laboral, las medidas de flexibilidad externa debieran haber esperado a que la situación económica se normalizara.
Hay que crear un Portal Único de Empleo para informar a los parados de todas las ofertas
Las políticas activas de empleo son una herramienta fundamental en un modelo como el de flexiseguridad. Ante un eventual despido, las políticas activas juegan un papel clave en la información, formación y recolocación de los parados. Las acciones implementadas hasta la fecha son claramente insuficientes y necesitan mejorar, y así lo ha puesto de manifiesto Bruselas recientemente. En particular, la información a los parados requiere que se modernicen los servicios públicos de empleo, de modo que se cree un portal único de empleo para concentrar en una sola web todas las ofertas que haya en España, hoy dispersas en 17 portales regionales. Esto no debiera ser un problema en esta era digital, y sería aconsejable, ahora que se atisba cierta reactivación, que se incentive a las empresas a que utilicen esta única web para sus demandas de trabajo.
Con respecto a la formación, debe producirse un giro radical ya que los cursos de formación que hoy se ofrecen están en muchos casos obsoletos y no sujetos a evaluación. Se debe partir de las necesidades de las empresas, y desde ahí y del nivel regional o incluso local, diseñar bien una formación a medida o por medio de la formación profesional reglada. En algunos casos la misma empresa puede formar a sus trabajadores, especialmente a los jóvenes, mediante contratos de formación dual en los que se combina formación con trabajo. Este instrumento parece estar también sobre la agenda del Gobierno y podría ser otro instrumento de política activa muy útil para los parados jóvenes de nuestro país.
Finalmente, con respecto a la recolocación, la misma reforma laboral estipulaba la introducción de medidas para fomentar la cooperación con las agencias privadas de empleo. Sin embargo, 20 meses después de la aprobación de la reforma, no se ha firmado aún ningún convenio de colaboración, lo cual impide que las agencias puedan operar en la recolocación de los parados. Parece que el Plan Anual de Empleo de 2013 avanza algunas iniciativas sobre este particular, pero la tardanza en su implementación está provocando el drama laboral de que más de la mitad de nuestros parados llevan más de un año buscando empleo.
La coordinación de políticas activas y pasivas ha acortado la búsqueda de trabajo en Europa
Por otra parte, para que la recolocación se produzca, es necesario que los parados acepten las ofertas de empleo que reciben. Un resultado contundente en todos nuestros estudios empíricos es que el cobro de cualquier tipo de subsidio disminuye enormemente la tasa de salida hacia el empleo. Este es un hecho que debe evitarse y para ello sería necesario que las políticas activas se combinaran más eficazmente con las pasivas, en particular con el subsidio.
En otros países, como Alemania, Dinamarca y Holanda, que tienen políticas activas más consolidadas que las nuestras, diseñan itinerarios individualizados para los parados, y mientras cobran un subsidio, se les exige la participación en las políticas activas diseñadas para ellos. Tras el periodo de formación, ante una oferta de trabajo adecuada a su capacitación, los individuos pierden el subsidio si no la aceptan. Esta combinación de políticas activas y pasivas ha acortado sensiblemente el periodo de búsqueda de empleo en estos países y España debiera ir también en esa dirección para que la situación en el desempleo no se haga crónica. Por supuesto, para esto es necesario en primer lugar que exista un diseño adecuado de políticas activas todavía inexistente en nuestro país.
Finalmente, la reforma no ha sido útil para la reducción de la precariedad laboral. Más del 90% de los nuevos contratos son temporales, y la proporción de nuevos contratos indefinidos disminuye continuamente. El Gobierno es consciente de ello, y de hecho, entre las recientes medidas lanzadas por el Ministerio de Trabajo para reducir esta dualidad está la simplificación de contratos. Parece que los 41 modelos de contratación existentes quedarán reducidos a cinco: indefinido, temporal, de relevo, de prácticas y un último de formación y aprendizaje. Sinceramente, mientras se siga permitiendo contratar de modo generalizado bajo la modalidad de contrato temporal, prácticamente todas las contrataciones seguirán siendo temporales, como hasta ahora. El contrato temporal debe ser utilizado solo para casos como sustituciones, que son temporales por naturaleza. El resto de la contratación debiera ser estable, indefinida, pero con una indemnización por despido que fuera creciente con la antigüedad, partiendo de la de los contratos temporales el primer año y creciendo gradualmente con la antigüedad en la empresa. Se pueden discutir los matices, pero sería preciso llegar a un acuerdo que no desincentivara la contratación, que otorgara seguridad jurídica a los contratos indefinidos y que consiguiera que la norma fuera la contratación indefinida, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.
En definitiva, la reforma laboral necesita mejorar.
Sara de la Rica es catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de FEDEA.
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