Más solvencia

La consolidación de los balances bancarios dio ayer un paso complementario, pero importante, con la aprobación del real decreto ley que permite considerar los activos fiscales diferidos —DTA, por sus siglas en inglés— como capital bancario de máxima calidad. El decreto, acompañado además por el anteproyecto de ley para trasponer la directiva europea sobre solvencia bancaria, significa ni más ni menos que reforzar el capital de la banca española y de las empresas (entre las cuales cabe mencionar a Repsol, Telefónica y Endesa) en unos 30.000 millones sin necesidad de acudir al mercado ni aportar cualquier tipo de fondo público o privado.

El real decreto no es una decisión arbitraria o artificiosa. La consideración como capital cualificado de los DTA es una práctica común en casi todos los países de Europa; el hecho de que España fuese hasta ayer casi una excepción única implicaba una desventaja competitiva con el resto de Europa. El decreto ley previene además la solidez del sistema financiero español ante las pruebas que deberá pasar en 2014.

La decisión sobre los activos fiscales diferidos —impuestos pagados por bancos y grupos societarios por pérdidas reales, aunque no reconocidas por Hacienda— era una de las incógnitas mayores del sistema financiero, junto con las próximas pruebas de solvencia y resistencia a la crisis que preparan el BCE y la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Con frecuencia se había esgrimido como una de las causas de que no llegue el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Si era un obstáculo, ya ha desaparecido. Poco a poco se van cumpliendo las condiciones de estabilidad y, una vez que pasen las pruebas mencionadas, ya no será posible esgrimir excusas para mantener congelado el crédito.

Ahora bien, no es razonable esperar que el real decreto, efectivo desde el 1 de enero de 2014, vaya a procurar por sí mismo la recuperación inmediata del crédito. No solo porque restan todavía dos factores de incertidumbre (las pruebas mencionadas), sino porque desde el momento en que se decreta el final de una recesión o toca fondo la fase de contracción económica hasta el momento en que cesa de crecer la morosidad, otro de los factores inhibidores del crédito, transcurre al menos un año. El cambio legal de los activos fiscales de ayer es importante, pero solo uno de los varios que faltan antes de que la banca vuelva a considerar la concesión de crédito como su fuente principal de beneficio.