Limitada justicia

La medida de cómo queda la justicia tras la condena contra Carlos Fabra la dio ayer el propio interesado al manifestarse “muy satisfecho” con el fallo y sentirse libre de los delitos de corrupción. En efecto, la Audiencia de Castellón le ha absuelto de cohecho y tráfico de influencias y ha condenado al expresidente de la Diputación castellonense y exdirigente provincial del PP a cuatro años de prisión por fraude fiscal y una multa y pago a Hacienda de casi 1,4 millones de euros. Su exmujer ha sido condenada a penas similares.

Es una cierta derrota de la justicia porque esta da por probado que entre 1999 y 2004, año en que se inicia la investigación, el matrimonio Fabra registró casi 600 ingresos en metálico con “ganancias patrimoniales no justificadas” que sumaron casi tres millones de euros. La condena impuesta se debe no solo a que los condenados no pagaran al fisco lo que debían, sino que se intentó engañar a Hacienda alterando los datos. Fue, en todo caso, un enriquecimiento desproporcionado, no acorde con la renta y el patrimonio de la pareja, cuyo origen ni la Administración ni los jueces han sido capaces de dilucidar; menos aún de demostrar que el entonces dirigente popular extorsionara al empresario que le denunció por influir en el Gobierno central a favor de los negocios de aquel.

Las condenas ahora fijadas son menores que las que pedía la Fiscalía Anticorrupción porque la Audiencia le ha aplicado la atenuante de “dilación indebida”, una paradójica ventaja para el mismo político que durante años dilató cuanto pudo el proceso en su propio beneficio.

Fabra representa a una casta política que ha ejercido el poder durante lustros de manera patrimonialista. Su envenenada herencia de un aeropuerto sin aviones de 150 millones —incluida escultura en su honor— y cuyo mantenimiento le cuesta a la Generalitat cuatro millones anuales es todo un emblema del despilfarro y la mala gestión del PP valenciano.

Por otra parte, a pesar de su corto alcance, la condena es importante porque castiga a uno de los mayores exponentes del deshonor del partido, que en Valencia tienen nada menos que nueve diputados autonómicos imputados y un grupo parlamentario que todavía se atreve a pedir indultos para sus correligionarios condenados por corrupción, como el alcalde de Torrevieja.

Es incoherente que el PP persista en el empeño de eludir hasta el límite las responsabilidades políticas de sus dirigentes. Fabra ya no ostenta cargo alguno, pero no es cierto, como dejó entrever ayer la secretaria general María Dolores de Cospedal, que tal situación se deba a su apartamiento desde hace tanto tiempo. Su último sueldo público como presidente de la Diputación data del verano del 2011, fue presidente del PP de Castellón hasta julio de 2012 y presidente de Aerocas hasta marzo de 2013. Cesó, tras casi una década de proceso judicial y apoyo partidario sin fisuras, solo cuando los jueces estaban a punto de sentarle en el banquillo.