La economía de una Cataluña independiente

El tema de Cataluña y su eventual separación del resto de España, con los costes y beneficios de la independencia, está acaparando mucha atención en los medios de comunicación tanto favorables como contrarios al secesionismo. Si hace unos meses el debate se centraba en la cuestión del denominado “expolio fiscal”, hoy tal enfoque parece insuficiente.

Tanto el president de la Generalitat, Artur Mas, como los organizadores de las grandes manifestaciones por el derecho a decidir y por la independencia no se han cansado de repetir que una Cataluña fuera de la integración europea no tendría sentido.

A partir de este aserto han empezado a surgir divergencias como consecuencia de la postura clara y contundente de la Comisión Europea —como guardiana de los Tratados de la UE— de que un territorio que se separe de un Estado miembro de la UE deja de pertenecer al “Club Europeo”; y que si quiere volver a entrar debe emprender un proceso de negociación que debe ser aceptado por unanimidad por todos los Estados miembros actuales de la Unión.

Una Cataluña independiente excluida de la UE podría negociar algún arreglo para evitar que se restablecieran los aranceles al quedar fuera del territorio aduanero europeo. Y para seguir con la libre circulación de personas y capitales como sucede con Suiza, puesto que un acuerdo para ello podría avanzar por el procedimiento comunitario y sin el respaldo de todos los Estados miembros por unanimidad.

Ahora bien, ¿cuánto tiempo se tardaría en llegar a definir un marco como tiene Suiza para volver a una situación como la actual? Los países que no son miembros de la UE saben por experiencia que las negociaciones con la UE son lentas, y si se llegara a entrar en un proceso de este tipo muchos inversores verían su cuenta de resultados afectada y —ya se sabe— los inversores precisan de seguridad jurídica y no solo de buenas palabras, pues es el respeto de las leyes lo que da naturaleza a nuestra democracia.

El Gobierno de Rajoy se parapeta en la coraza constitucional, sin lanzar estudios de costes del proceso

Estos días se discute también si una Cataluña independiente podría seguir usando el euro. En este campo también se ha instalado la confusión. Yo vengo diciendo desde hace meses que Cataluña podría seguir usando el euro como lo viene haciendo desde que se puso en marcha la moneda única. Pero una cosa es usar el euro —como hacen Mónaco, San Marino, el Vaticano, Andorra, Kosovo o Montenegro—, que Cataluña podría hacer, y otra muy distinta participar en la Eurozona. Usar el euro sin participar en la elaboración de la política monetaria puede llevar a situaciones extremas como la de la dolarización argentina de hace unos años, que acabó en una desastrosa desvalorización de la divisa dolarizada, con lo que esto supuso a las empresas que tenían créditos contraídos que habían de devolver en dólares.

Por si esto fuera poco, Cataluña no podría formar parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales ni estar en los órganos directivos de la Eurozona, que es muy importante, se quiera o no. Al mismo tiempo, un país que use el euro, pero que no esté en la Eurozona, debe aceptar que sus instituciones financieras vean cerrado el acceso a las líneas de liquidez puestas en marcha por el Banco Central Europeo y que han frenado la crisis del euro. Para una economía crediticia como la nuestra, la no aceptación de colaterales [avales a cambio de liquidez] aceptables para el BCE secaría los canales de crédito catalanes con repercusiones graves para el funcionamiento de la “economía real”. Cuando se dice que Cataluña podría usar el euro como Montenegro o Kosovo se olvida que aquellas economías no tienen las necesidades crediticias de las empresas y las familias en Cataluña.

Cataluña, como muy bien fueron capaces de “captar” los organizadores de las grandes manifestaciones ciudadanas por el “Estado propio” y la “independencia”, no puede vivir de espaldas a la Unión Europea por más que la situación europea actual no sea para “tirar cohetes”. Por eso la evaluación de los costes y beneficios del binomio Catalunya/Unión Europea exige un debate desapasionado viendo pros y contras jurídicos, económicos y sociales, de lo que significaría la independencia en muchos aspectos: las relaciones fiscales entre Cataluña y el Gobierno estatal usando la aproximación del “flujo monetario” o de la “carga beneficio”; el déficit catalán respecto a la Seguridad Social (desempleo y pensiones); las posibilidades de hacer frente al endeudamiento acumulado de Administraciones, empresas y bancos sin una drástica reducción de las posibilidades de crecimiento, etcétera.

Por el momento todo parece estar centrado en un debate apasionado entre partidarios y opuestos a la secesión, un debate estimulado, ciertamente, por la incomprensión del Gobierno central —respecto a cuestiones presupuestarias, identitarias y lingüísticas— y hasta del Tribunal Constitucional respecto a la especificidad de Cataluña tras el paso de una Constitución (la de 1978), que reconocía la diferencia entre nacionalidades históricas y regiones administrativas, al actual “café para todos”.

En comparación al Gobierno de Londres, que acepta la voz de Escocia pero trata de convencer a los escoceses de que es mejor seguir en Gran Bretaña por los grandes costes de transición que supone cualquier secesión, el Gobierno de Rajoy se ha parapetado en la coraza constitucional —cosa lógica en un Estado de derecho— y en que el Gobierno debe hacer respetar el mandato constitucional de la unidad de España, sin lanzar estudios que ilustren a los ciudadanos/contribuyentes de los costes para España y para Cataluña de una transición hacia la independencia al margen de engaños interesados, utopías, ilusiones o inmovilismos.

Francesc Granell es catedrático de la Universidad de Barcelona y director general honorario de la Comisión Europea.