Financiación y desorden

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha decidido plantear a su partido de forma abierta la necesidad de una reforma en profundidad de la financiación autonómica. Si hace una semana la reunión de la dirección del PP quedó marcada por la onda expansiva de las peticiones de Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del partido en Cataluña, la jornada de ayer recibió el impacto de la reclamación de González para que se pacte una nueva financiación antes de tres meses, y que ese modelo “acabe con las injusticias y las incoherencias” del actual.

Para intentar aplacar esta revuelta de los barones, el presidente del Gobierno les dijo ayer que la revisión del sistema se hará a lo largo de 2014, tras la reforma fiscal y “para todos y con todos”. Por su parte, la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal, añadió que los cambios en el sistema de financiación se harán “cuando sea posible hacerlo, no en medio de una crisis, sino en una situación de crecimiento”.

Al ser Madrid una de las autonomías que más aportan —al tiempo que ve reducidos sus ingresos— los intereses de González tienen algo en común con los del presidente catalán, Artur Mas, aunque este maquilla su política de recortes envolviéndola en una cruzada contra el Gobierno de España. Dicho lo cual, asiste a González toda la razón al reclamar un rápido enfoque de la discusión sobre la financiación autonómica, sin fiar esa discusión a mejores tiempos económicos. Si está legalmente previsto que el modelo debe revisarse en 2014, entonces hay que hacerlo y debería empezar a discutirse con todas las comunidades afectadas cuanto antes. Eso sí, no en una reunión interna del PP (esta vez con un debate cara a cara), sino en el seno de la conferencia de presidentes autonómicos y en el Senado.

Es cierto que la profundidad de la crisis, el insospechado alcance del desafío soberanista catalán y la estrechez de los márgenes de la Hacienda central configuran el sudoku financiero autonómico como una operación tan o más difícil que la enhebrada en la anterior revisión del sistema. Pero eso no exime a los gobernantes de su deber de gobernar.

De modo que las razones legales —la ley está ahí para cumplirla— y las cifras que esgrime prestan asistencia al Ejecutivo madrileño en su petición a Rajoy y a su ministro de Hacienda, que resuelve la papeleta de la asignatura con un escasamente imaginativo “no toca”. González sostiene que la financiación autonómica per cápita discrimina negativamente a los madrileños, y se ampara para ello en la comparación con Cataluña. Debe tener también en cuenta algunas ventajas del “efecto capitalidad”: la recaudación de las grandes empresas es tributaria de su sede territorial. Junto a esas ventajas, es cierto que Madrid tiene gastos derivados de la capitalidad, y que todo ello debe tenerse en cuenta en este debate urgente que es necesario ordenar.