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EDITORIAL

Un asunto inquietante

Conviene prestar más atención a los casos de militares que no aceptan su neutralidad política

El ministerio de Defensa ha anunciado la apertura de una “información” acerca del teniente coronel Miguel Ayuso, que lleva un par de años vertiendo en público opiniones contrarias a la Constitución, no reconoce al rey don Juan Carlos —el rey legítimo, para él, es el carlista ultraderechista Sixto de Borbón— y sigue la vieja fraseología de calificar de “cruzada” a la Guerra Civil de 1936-1939 y de considerar “legal” la represión practicada por la dictadura franquista. Lo cual no es óbice para que el militar —también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas— se encuentre ahora en la fase de clasificación para el ascenso al empleo de coronel; al tiempo que mantiene la cualidad de juez militar, es decir, de persona que administra justicia en nombre del Rey constitucional.

El departamento de Defensa solo ha reaccionado tras la publicación de tales datos en este periódico. Y eso que no faltan episodios que, aun de distinto cariz, dan cuenta de algunos militares que se sienten autorizados para violar la neutralidad política exigible a su ocupación. En febrero pasado, el general de división Juan Antonio Chicharro, ex comandante general de la Infantería de Marina, sugirió una intervención militar en caso de peligro de secesión en Cataluña e hizo manifestaciones de este tenor: “La patria es anterior y más importante que la democracia”. Ese jefe militar se encontraba en la situación de reserva cuando lanzó su proclama; no así el teniente general José Mena, que en 2006 fue destituido como responsable de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra tras amagar verbalmente con una intervención, en caso de que el Estatuto de Cataluña (entonces en trámite) desbordara la Constitución.

Afortunadamente, la integración de lo militar en la cultura democrática es un hecho consolidado después de los tensos años de la Transición, salpicados de ruido de sables y rematados con la asonada del 23-F y otros proyectos golpistas. Los incidentes que vienen produciéndose desde entonces, aunque sean muy aislados, muestran la necesidad de prestar más atención a la persistencia de personas que cuestionan la Constitución en el estamento militar o de quienes en su seno, diciéndose servidores de la máxima ley, se erigen en intérpretes de la misma.

Se ha resaltado, con toda razón, la excelente prestación de las Fuerzas Armadas españolas en las misiones en el exterior y su colaboración con las de otras democracias avanzadas, en las cuales es inconcebible que los profesionales de la milicia difundan opiniones contrarias a sus respectivas Constituciones y sistemas democráticos. La politización de los Ejércitos ha sido una de las causas que en el pasado entorpecieron la relación entre las Fuerzas Armadas españolas y la sociedad a la que sirven. Por eso hay que atajar con firmeza cualquier riesgo de que la relación restablecida pueda cuartearse.

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