Cadena catalana
Urge abordar un mejor encaje de Cataluña en el conjunto de España sin prejuicios ni exclusiones
Puede descontarse que la cadena humana en Cataluña tendrá hoy gran seguimiento. Porque sus organizadores llevan meses íntegramente dedicados a ello; porque cuenta con el cerrado apoyo de todo un Gobierno, como la Generalitat, y con el monolítico despliegue propagandístico de sus medios de comunicación, públicos o subvencionados. Porque hay profundas razones socioeconómicas para el malestar de la ciudadanía catalana; y también políticas, dada la inexistencia de respuestas al deseo generalizado de aumentar su autogobierno.
Pero el previsible éxito de audiencia y de imagen no equivale necesariamente al triunfo de la propuesta independentista que motiva la convocatoria. Los partidos patrocinadores se han reducido a Convergència, Esquerra y la CUP: el ideario y el formato secesionista ha excluido no solo a PP y Ciutadans sino también a formaciones partidarias de convocar un referéndum legal como Unió, PSC e Iniciativa.
Así, una convocatoria muy nutrida y el achicamiento de los apoyos al llamado “proceso de transición nacional” no son fenómenos contradictorios, por más que lo niegue la propaganda oficial. Cataluña es, afortunadamente, tan celosa de su autogobierno como de su pluralidad interna. Y si resulta legítimo postular el aumento de aquél, puede acabar perjudicándolo la negación de esta. Igualmente resultan improcedentes y extemporáneas comparaciones ucrónicas como las trazadas entre los catalanes y la minoría negra que desencadenó en los EE UU de los años sesenta el movimiento de los derechos civiles y la igualdad. ¿Acaso viven los catalanes una situación de apartheid? El simple enunciado de tal incógnita resulta patético, si no ridículo.
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El balance emocional del previsible impacto de la Diada de hoy debe evitar contabilizar a todos los asistentes como partidarios de la secesión. Porque los organizadores han convocado confusamente a la mayoría partidaria de un referéndum y porque una protesta, en situación de crisis, concentra y resume muchas protestas.
Sin demérito de lo anterior, hay motivos nada artificiales para postular cambios en el trato dispensado a Cataluña, modificaciones del ordenamiento y un giro en el estilo ordenancista de gobernar el Estado autonómico. Hay sólidas razones para iniciar un diálogo profundo sobre el futuro del encaje de Cataluña en el conjunto de España que evite traumas. Desde hace un año al menos, una mayoría de catalanes, con aciertos y desaciertos, reivindica un cambio sustancial del statu quo y una modificación perceptible del modelo de Estado: algunos mediante una aconsejable vía evolutiva en perspectiva federal, a través de una reforma constitucional; otros, por un inconveniente camino de ruptura, vía una secesión que no encaja ni en el ordenamiento ni en la compleja trabazón de las sociedades catalana y española actuales. Lo podrán decir mejor o peor, pero su mensaje es suficientemente rotundo como para que la respuesta no sea la negativa y el inmovilismo. Urge un diálogo público sin secretismos, sin corsés y sin prejuicios.
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