Contra la igualdad

Cuando en 2012 el Ministerio de Educación aprobó el decreto que permitía una subida general de las tasas universitarias al tiempo que reducía la cuantía y endurecía los requisitos para obtener una beca, muchas voces advirtieron de las graves consecuencias que estas medidas podían tener para algo socialmente tan importante como la igualdad de oportunidades. Dos años de subidas han encarecido las tasas universitarias de tal forma que muchas familias desistirán de llevar a sus hijos a la universidad. En Madrid, por ejemplo, el incremento oscila en los estudios de grado entre el 50% y el 92%. En los estudios de posgrado, la subida es incluso mayor. En Cataluña, los másteres se han encarecido en dos años un 169%, y en Valencia, hasta un 216%.

Cuando está a punto de comenzar el segundo curso con el nuevo sistema, hemos podido constatar las primeras consecuencias: un descenso, de momento leve, de los alumnos de grado por primera vez en años, y una caída del 8% en las matrículas de máster. Se cumplen pues las negativas previsiones que en su momento se hicieron. Lo que entonces no se vislumbró, sin embargo, es que además de dificultar el acceso a la universidad de los estudiantes de las familias con menos recursos, el nuevo sistema de fijación de tasas iba a provocar una nueva e inacaptable brecha de carácter territorial. Haciendo uso de su capacidad de autogobierno, las autonomías han aplicado el decreto de forma muy diferente. Mientras algunas como Cataluña, Madrid, Castilla y León o Valencia han aplicado los aumentos máximos autorizados, otras como Andalucía, Galicia o Cantabria han aprobado subidas mínimas, con lo que las diferencias alcanzan en algunos casos el 174%. El resultado es que mientras en Galicia la matrícula de Derecho cuesta 591 euros, en Madrid cuesta 1.620, tres veces más. Y mientras en Andalucía un estudiante del máster de Formación del Profesorado deberá pagar 757 euros, en Cataluña le costará hasta 2.116.

Las diferentes políticas aplicadas reflejan la muy distinta sensibilidad de los Gobiernos autónomos en relación a la igualdad de oportunidades en educación. Harán bien sus ciudadanos en tenerlo en cuenta, pues es evidente que la crisis afecta a todas las comunidades por igual, pero no todas la afrontan con la misma sensibilidad social. Algunos Gobiernos apuestan más claramente que otros por una universidad elitista de la que quedarán excluidas, salvo excepciones becadas, las rentas más bajas.