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EDITORIAL

Aguas de Gibraltar

La mano dura contra el Peñón busca un nuevo diálogo con Londres, pero sus efectos son inciertos

Con Gibraltar “se ha acabado el recreo de la época de Moratinos”, ha dicho estos días el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. Se refería al Foro Tripartito (Madrid-Londres-Gibraltar) constituido hace nueve años por iniciativa del que fuera ministro de Zapatero para resolver de manera consensuada los problemas de diverso tipo de los habitantes de la zona a ambos lados de la verja. Si Margallo quiere decir que ese foro no ha resuelto el problema de Gibraltar (un asunto de descolonización, como reconoce Naciones Unidas), tiene razón, a condición de que acepte que tampoco lo resolvieron los intentos de lograrlo mediante presión a los habitantes del Peñón, como cuando en 1969 Madrid decidió cerrar la verja.

Ahora se vuelve a una línea de dureza en respuesta, según Exteriores, al reciente episodio del lanzamiento, por decisión del Gobierno de la colonia, de decenas de bloques de hormigón en aguas de la bahía de Gibraltar para dificultar su trabajo a los pescadores que faenan en la zona. Sin embargo, la causa del giro de Exteriores es más profunda: el Gobierno de Rajoy no asume la estrategia de Moratinos (solo negociará con Londres y no con la colonia) y cree llegado el momento de una respuesta contundente a Reino Unido por lo que considera una falta de voluntad negociadora en diversas cuestiones que atañen al Peñón.

Es cierto que las autoridades de la colonia aplicaron una política de hechos consumados al ocupar el istmo para construir un aeropuerto y que algunas iniciativas recientes indican su voluntad de hacer lo mismo respecto a la jurisdicción sobre una parte de las aguas de la bahía.

Es una actitud que requiere una respuesta y negociación. Ahora bien, es dudoso que la ruptura del instrumento creado para ello sea el camino correcto. La táctica de hacer la vida algo más difícil a los habitantes de la zona (restricción de vuelos, tasas fronterizas y rigor en los controles de la verja, con esperas de hasta cinco horas...) puede tener efectos indeseados. No solo los llanitos sufrirán estos inconvenientes, sino también miles de españoles que cada día acuden a trabajar a Gibraltar. Está por ver, además, la viabilidad de estas medidas en el contexto de la UE.

España debe defender sus intereses, pero sin necesidad de envenenar las relaciones con Reino Unido, tan importantes hoy para los intereses de los españoles como la lógica aspiración a recuperar la soberanía sobre el Peñón. Para avanzar hacia esa recuperación es necesario desplegar una política a largo plazo de buena relación con los 29.000 habitantes de la colonia. Porque como ha demostrado el paso del problema por Naciones Unidas, al final la decisión deberá ser ratificada por sus habitantes. A lo que cabría añadir que tampoco parece una buena idea que cada ministro de Exteriores se sienta en la obligación de enmendarle la plana a su predecesor. Diálogo y buena voluntad por ambas partes es lo que necesita Gibraltar.

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