Una princesa con la condicional

La foto de la ficha policial contrasta con la imagen que uno suele tener de una princesa. Sin maquillaje, con el pelo recogido y cara de susto, Meshael al Ayban aparece como la antítesis del glamur. Lo mismo que la acusación de tráfico de personas y de imponer trabajos forzados que la ha llevado hasta la comisaría donde la han retratado en Orange County (California, EE UU). Al Ayban, que en la casilla de profesión de su visado de turista puso “princesa”, es una de las esposas del príncipe Abdulrahman bin Naser bin Abdulaziz al Saud, uno de los numerosos sobrinos del rey de Arabia Saudí, y la última de los miembros de la familia real de ese país en verse implicada en un asunto de maltrato.

El caso que ha generado el escándalo se conoció el pasado 10 de julio cuando una de las sirvientas que acompañaban a la familia Bin Naser en su estancia en California escapó de su vigilancia, pidió ayuda a un conductor de autobús y denunció a la policía que la obligaban a trabajar 16 horas al día, sin descanso semanal, por un sueldo de 220 dólares (unos 170 euros), pero que no podía irse porque le habían retenido su pasaporte.

La policía se presentó en el piso donde los Bin Naser se alojaban en Irvine y detuvo a la princesa Meshael, de 42 años. Al día siguiente quedó en libertad bajo fianza de cinco millones de dólares, que depositó el consulado saudí. Desde entonces lleva una pulsera que controla su localización y tiene prohibido abandonar el condado.

“Mi cliente era una esclava de esta mujer”, ha declarado Steve Barick, el abogado contratado por la denunciante, una ciudadana keniana de 30 años cuya identidad no se ha revelado. De acuerdo con su relato, empezó a trabajar para Al Ayban en 2012 en Arabia Saudí, tras haber firmado, a través de una agencia de colocación, un contrato de dos años por 1.600 dólares al mes y una jornada laboral de ocho horas, cinco días a la semana.

No conocemos la versión de la princesa porque no se presentó a la vista del pasado lunes (algo a lo que, al parecer, no estaba obligada). Pero sus abogados han contado una película completamente distinta. Según su versión recogida por Los Angeles Times, la denunciante y las otras tres empleadas de la casa viajaron con la familia a Estados Unidos en primera clase, y disponían de teléfonos móviles, acceso a Internet e incluso canales de televisión en sus idiomas. También podían usar el spa, el gimnasio y la piscina de la urbanización, y las llevaban frecuentemente de compras “con los gastos pagados”.

Será el juez quien decida, pero la denuncia de la criada keniana coincide con un modelo de abusos que es frecuente no solo en Arabia Saudí, sino en todo Oriente Próximo: la confiscación del pasaporte a los trabajadores. La costumbre es el resultado del sistema laboral en esta parte del mundo que exige que los extranjeros sean avalados por quien les contrata. Conocido como kafala en árabe (o sponsorship en inglés), da un enorme poder al patrocinador o espónsor, cuyo permiso es necesario para viajar fuera del país o para cambiar de empleo. Human Rights Watch ha pedido su abolición, y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo considera “inherentemente problemático”.

Según esta organización, entre una cuarta parte y un tercio de los 22 millones de inmigrantes que trabajan en el mundo árabe son empleadas del hogar. En su mayoría, estas mujeres provienen de países de Asia y África, principalmente Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Nepal, Indonesia y Etiopía. Dado que en Arabia Saudí los trabajadores extranjeros son entre ocho y nueve millones (más de la mitad de la población activa), el personal del servicio doméstico sumaría entre 2 y 3 millones de personas, en su mayoría mujeres.

Se trata de una cifra muy elevada. Además, la naturaleza informal, a menudo no reglada, de su trabajo y su aislamiento les hace especialmente vulnerables a la explotación y los abusos, incluidos los sexuales. Son uno de los grupos sobre los que las organizaciones de derechos humanos se muestran más preocupados. Probablemente, también una parte significativa de las “al menos 600.000 víctimas del trabajo forzado” que la OIT estima que existen en la región. Es decir, a todos los efectos, esclavos.

El fiscal del distrito donde se sigue la causa contra Al Ayban ha recordado que en EE UU se abolió la esclavitud hace 150 años. En Arabia Saudí se hizo en 1962. La mayoría de los saudíes no condonan esas prácticas en absoluto. Sin embargo, no es la primera vez que miembros de la familia real se ven implicados en casos de maltrato a sus empleados. Existe además la percepción de que las autoridades median para evitarles, o al menos suavizar, las consecuencias legales, lo que transmite una peligrosa idea de tolerancia.

En 2006, Hana al Jader, esposa del príncipe Mohamed bin Turki al Saud, fue procesada por esclavizar a dos criadas indonesias en su residencia de Massachusetts. La princesa se declaró culpable de violar las leyes de inmigración y logró salir del paso con seis meses de arresto domiciliario, una multa y la indemnización a las explotadas. Con anterioridad, la princesa Buniah al Saud solventó con una multa la acusación de haber empujado a una sirvienta escaleras abajo.

Si el juez la encuentra culpable, es posible que Al Ayban lo tenga más difícil. El pasado noviembre, California endureció las penas contra el tráfico de personas. El delito presuntamente cometido por la princesa se castiga ahora con 12 años de cárcel, el doble que antes del cambio legislativo. Tal como permite el sistema legal estadounidense, es previsible que sus abogados estén tratando de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Con un plantel de entre 5.000 y 40.000 príncipes, según el grado de pureza de sangre que se considere, entre los miembros de la familia real hay para todos los gustos y comportamientos. Desde los vividores sin oficio conocido hasta activos hombres de negocios, militares, comisionistas, sociólogos, diplomáticos e incluso críticos con el régimen. Pero sin duda, en un momento en el que muchos de sus ciudadanos empiezan a cuestionar sus privilegios, la monarquía va a tener que tomar medidas para evitar que esos casos sigan deteriorando su imagen y la del país.