Un mal precedente

Culpable de espionaje, pero no de ayudar al enemigo. Ese es el veredicto emitido el martes contra el soldado Bradley Manning, autor confeso de la mayor filtración de documentos secretos de la historia de Estados Unidos. La juez militar del caso consideró a Manning responsable de una veintena de cargos (entre ellos robo y múltiples infracciones), pero no halló pruebas “más allá de la duda razonable” de que el exanalista de inteligencia pretendiera conscientemente aportar información a la red terrorista Al Qaeda cuando entregó al portal Wikileaks cerca de 700.000 documentos militares y diplomáticos clasificados.

El veredicto, que podría haber sido peor al acarrear una sentencia a perpetuidad si no se hubiera desestimado la disparatada acusación de traición, resulta excesivo en cualquier caso. Y la acumulación de cargos por los que Manning ha sido declarado culpable, especialmente los referidos a la filtración de secretos de Estado, puede suponerle más de 130 años de cárcel.

Tratando de fijar pautas de ejemplaridad e intimidación, la acusación no solo desempolvó un delito, el de colaboración con el enemigo, que no se utilizaba desde la guerra civil estadounidense, sino que basó su estrategia en la Ley de Espionaje de 1917, por la que hasta ahora solo había habido una condena. La alarma despertada en las organizaciones defensoras de los derechos civiles ante la condena por filtración de informaciones consideradas secretas está plenamente justificada por las consecuencias de este peligroso precedente para las libertades de expresión y de prensa. Catalogar como traición la filtración y publicación de datos secretos, sin mayores distinciones ni pruebas, cercena los mecanismos legítimos de control sobre la Administración y amenaza muy seriamente el derecho a la información.

Obama ha declarado una guerra sin cuartel a las filtraciones que en su opinión pongan en peligro la seguridad nacional. Hay al menos siete casos pendientes de juicio por espionaje y violación de secretos. Entra en la lógica de sus responsabilidades, pero es igualmente preciso que la Casa Blanca vigile y ponga coto con la misma intensidad a los atropellos y las ilegalidades cometidas en nombre de la seguridad. En mayo, Obama se comprometía a poner fin a la política antiterrorista que desde 2001 ha dado cobertura a actos “excepcionales”, desde detenciones sin cargos y torturas al espionaje masivo como el que acaba de salir a la luz mediante otra filtración. Los hechos cuestionan la sinceridad de su compromiso.

Es inevitable el paralelismo entre Manning y Edward Snowden, el analista que ha revelado el gigantesco sistema de control de llamadas y de Internet a nivel planetario. Dejando de lado el diferente perfil de ambos, está claro que la mejor protección que puede tener un Gobierno frente a las filtraciones no es amenazar las libertades ni equiparar la denuncia al espionaje, sino cumplir las leyes y defender la esencia de la democracia.