Un pacto difícil

El Gobierno anunció ayer un ahorro de 6.500 millones de euros en los Presupuestos del Estado de aquí a 2015 a base de “racionalizar” la Administración pública, y estimó en 37.700 millones la cantidad que puede economizarse con el lanzamiento de un proyecto global de reorganización administrativa, que explicó someramente. El grueso de ese plan está en función de decisiones que corresponden a las comunidades autónomas, lo cual plantea un problema de primer orden. El Gobierno está en su derecho de señalar la conveniencia de cerrar tribunales de cuentas, integrar oficinas de acción exterior, compartir servicios o suprimir puestos y órganos diversos, desde defensores del pueblo a servicios meteorológicos, pero no puede hacerlo por sí mismo. El futuro del plan depende de su cintura negociadora, y sin duda esa es una de las razones del diálogo intentado por Mariano Rajoy con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

A nadie se le escapa la fragilidad de esa construcción teórica para garantizar el éxito de una reorganización que pasa por la decisión de múltiples autoridades autonómicas y que puede afectar a los estatutos vigentes. Reaparecen los temores a la recentralización y la Generalitat de Cataluña advierte que no cederá “ni una sola competencia”. Es verdad que el Gobierno tiene ahora un poder determinante sobre la situación financiera de la mayoría de las comunidades, con lo cual dispone de palancas de presión.

Más confusa es la idea de hacerlo sin destruir empleo público. El Gobierno ha cambiado su discurso respecto a la elefantiasis de la Administración: ese argumento le parece ahora erróneo, tras la destrucción de 375.000 puestos de trabajo públicos en 2012. Pero espera reducir gastos de personal a base de mantener medidas como la que impide cubrir bajas en la Administración, salvo en algunos servicios esenciales, y de prescindir de algunos asesores. La reducción de gasto perseguida parece demasiado elevada como para que se consiga con tales medidas. Es el problema de valorar planes que no van acompañados de la necesaria memoria económica que explique de dónde salen los ahorros proyectados.

Por otra parte, el Gobierno se dispone a primar Internet para todo tipo de trámites, una auténtica modernización respecto al sistema tradicional de negociados y ventanillas, al tiempo que mejorará la transparencia del gasto al elevarlo a público desde el principio. La factura electrónica, la receta electrónica y otras facilidades de acceso similares pueden ser muy interesantes, aunque por ahora parecen un catálogo de intenciones, más fácil de enunciar que de implementar.

La clave de una reorganización administrativa como la anunciada es que exige grandes dosis de claridad y de consenso. Sería importante publicar los detalles y explicarlos muy bien, antes de que la desconfianza política ciegue el camino sin haber empezado a recorrerlo.