Europa inerme

La masificación del espionaje contra personas, empresas y Gobiernos no puede aceptarse como algo inherente al mundo moderno. Uno de los combates democráticos del presente es el de poner coto a la banalización de intromisiones como las que permiten dos programas usados por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) para recoger volúmenes masivos de escuchas telefónicas y de contenidos de Internet. La defensa de los derechos de 500 millones de europeos debe ser argumento suficiente para la movilización de las autoridades de la UE, aunque es cierto que se encuentran bastante inermes.

Primero, por la dependencia casi total de la tecnología y de la industria digital de Estados Unidos; y después, por falta de una robusta legislación de protección de datos, bloqueada desde hace años por divisiones internas entre los Estados miembros. La propia Administración de Obama ha presionado con éxito a los europeos para que no pongan trabas a las peticiones de datos a sus compañías telefónicas y tecnológicas, convertidas en globales por la fuerza de los hechos. El escándalo del programa Prism obliga a las autoridades europeas a reaccionar contra su propia pequeñez y replantearse el equilibrio entre seguridad y libertad. También es importante que el ciudadano sea cada vez más consciente de que el uso del teléfono móvil, de la tableta o del ordenador no son actos a cubierto de mirones y grandes orejas: una vez en línea, entramos en un mundo que conoce muy pocos límites y restricciones.

Es verdad que hasta los entramados más sofisticados tienen su talón de Aquiles, que es el individualismo. Edward Snowden —como Bradley Manning respecto a Wikileaks—, ha demostrado que una persona se basta para cuestionar la trama de secreto con que se conducen los órganos de seguridad de un país líder como Estados Unidos, tan apreciado por otras razones. Y desde luego no hay que caer en la trampa de discutir si Snowden es un héroe o un villano, un pseudojusticiero o un idealista, sino centrar el debate en los abusos contra las libertades y la lealtad mínima que se deben Estados Unidos y la Unión Europea.

Es positivo que la comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, emplace al fiscal general estadounidense a dar explicaciones precisas y urgentes. Pero el tono empleado ahora desde la Comisión corrige la excesiva prudencia de la primera reacción, que se limitó a constatar la “preocupación” causada por las filtraciones periodísticas del escándalo. Similar, por cierto, al empleado 13 años atrás por Bruselas a propósito de la red secreta de vigilancia Echelon, descubierta antes del 11-S, pero sepultada en la nebulosa de la lucha global contra el terror desatada a partir de esos atentados.

Europa debe ocuparse de que el nuevo escándalo no quede olvidado igualmente, ni bajar los brazos en la batalla contra el Gran Hermano contemporáneo.