Blindaje político

Los nombramientos realizados ayer para renovar a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional no solo vuelcan hacia los conservadores la mayoría de este órgano, sino que acentúan la dependencia política de algunos de sus componentes. La particularidad del caso es que el Tribunal tiene que decidir sobre recursos de gran calado, desde la ley del aborto aprobada por el anterior Gobierno socialista hasta el plan soberanista de la Generalitat de Cataluña. También, sobre los recortes del gasto social llevados a cabo por el Gobierno, la amnistía fiscal, el euro por receta, el plan de privatización de la sanidad madrileña y la libertad de Arnaldo Otegi, el secretario general de Sortu. Asuntos todos ellos merecedores de un Tribunal respetado, más que un órgano del que cabe presumir serias carencias en lo que se refiere a la autonomía de sus magistrados.

Destaca sobre todo uno de ellos, Enrique López, jurista clara e inequívocamente alineado con las posiciones ideológicas más duras. El PP llevaba años tratando de situarlo en el Constitucional a través de los cupos que corresponde nombrar al Congreso y al Senado, y al no conseguirlo —principalmente por el veto del PSOE—, el Consejo de Ministros lo ha impuesto utilizando su propio cupo, completado con Pedro González-Trevijano, un profesional con menos aristas partidarias. A su vez, el Consejo del Poder Judicial ha nombrado a otras dos personas, el conservador Santiago Martínez Vares y el progresista Juan Antonio Xiol, con los que se completa esta renovación.

El giro conservador sucede a otros anteriores en sentido contrario. Está claro que la batalla para evitar que el Constitucional sea la continuación de la política por otras vías se perdió hace tiempo, y se constata la distancia entre este resultado y las pretensiones de los constituyentes. La cultura del consenso y de la lealtad institucional han caído bajo el peso de la instrumentalización partidista.

Súmese a ello los plazos inusitadamente largos para decidir: a título de ejemplo, basta comparar los siete años empleados por el Tribunal español para fallar sobre la constitucionalidad de la ley del matrimonio homosexual, con el mes escaso que su homólogo francés tardó en decidir respecto a la normativa francesa en esa materia. Sin olvidar los casi cuatro años utilizados para pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña, con la secuela de frustraciones que provocó una decisión tardía cuando ya se había consolidado el statu quo del nuevo marco legal.

A falta de voluntad política de rectificación, los componentes del Constitucional deben hacer un esfuerzo de responsabilidad. Los temas que tienen entre manos son demasiado sensibles como para validar o rechazar secamente los recursos de unos y otros. Deben dar una oportunidad a la tarea constructiva para establecer, si la hay, la lectura correcta entre las posibles, tratando de orillar las disciplinas políticas.