Secuestro de datos

El cansino y vociferante pulso entre los enfoques territoriales extremistas, centrípetos y centrífugos, entre el síndrome centralista y la afición secesionista, ahoga cualquier discusión racional y razonable sobre los asuntos autonómicos. Al apelar a los elementos más sentimentales de las distintas identidades colectivas, este pulso perjudica a los ciudadanos, rehenes de los respectivos niveles de gobernanza. Y si además menudean las ofensas o el secuestro de datos económicos, el resultado es inaceptable.

Sucedió ya en el primer envite de la discusión sobre el reparto asimétrico de los márgenes del déficit público entre comunidades, dificultando un debate que debe realizarse sobre criterios económicos objetivables. Algunos líderes de comunidades subvencionadas, por la UE y por las comunidades contribuyentes netas, formularon prejuicios catalanofóbicos, basados en supuestos “privilegios” que el Gobierno estaría concediendo al independentismo, o poniendo como ejemplo su propia ejecutoria, exhibida como más brillante, sobre todo si se olvidan las transferencias recibidas de quienes son objeto de sus críticas.

Algunos todavía no han entendido que la asimetría buscada con razón por el Gobierno de Mariano Rajoy es la traducción interna de la asimetría existente en la UE: no de objetivo (al final todos tendrán el mismo déficit), sino de recorrido. Quien necesita un calendario más amplio en esta fase, para llegar a cumplir, es quien está más lejos del objetivo. No es Finlandia ni Luxemburgo, ni Madrid ni Extremadura, que ya cumplen.

Desde un enfoque inverso, pero igualmente perverso, para mejorar su posición negociadora en esta polémica, la Generalitat de Cataluña acaba de ofrecer unos resultados manipulados de la balanza fiscal, ahora sobre 2010: el saldo entre la aportación de Cataluña al conjunto y las transferencias e inversiones recibidas. Lo ha cifrado en 16.543 millones, el 8,5% del PIB catalán, equivalente a los 16.409 de 2009. Una cifra tan abultada ya ha recidivado las ruidosas protestas sobre el presunto “expolio fiscal” a que estarían sometidos los catalanes.

La presentación de esta balanza es una farsa. Solo ofrece los datos de dos sistemas, en lugar de los seis científicamente utilizables —y que se usaron en época de Pedro Solbes para confeccionar las balanzas sobre 2005—, que darían un promedio de déficit en torno al 5%, en vez del 8,5%. Y lo hace con la falaz excusa de que los datos secuestrados son “irrelevantes”. ¿Quiénes son Artur Mas y sus consejeros para juzgar lo que los catalanes, y todos los españoles, consideran relevante? ¿Y para impedirles el acceso a esos datos? Claro que antes de este secuestro se ha producido otro más completo: la negativa del Gobierno a publicar todas las balanzas fiscales, bajo el método de consenso académico con que se elaboraron tiempo atrás. Es una doble falta de transparencia que duplica la opacidad.