Cortafuegos federal

Las ideas de reforma del Senado constituyen un espacio escogido por la ejecutiva del PSOE para salir de la indeterminación vivida en los últimos tiempos. Su interés no es evidente para una sociedad acuciada por la corrupción, las negras perspectivas económicas o el proyecto gubernamental de cambiar la ley del aborto, pero se trata de una iniciativa interesante en el terreno institucional, destinada a abrir un cortafuegos a los desafíos soberanistas, sobre todo al catalán, y facilitar interlocutores a aquellos que, sin ser separatistas, piensan que les conviene “el derecho a decidir” para superar el actual bloqueo económico y político.

El PSOE pretende convertirse en ese interlocutor. Lo evidencia la propuesta de dejar atrás el Senado, que nunca ha tenido poderes efectivos y del que se ha dicho, con razón, que es “la criatura peor diseñada de la Constitución de 1978”; y sustituirlo por una cámara de representación territorial más equiparable al Bundesrat alemán. La propuesta socialista solo tiene sentido en el marco de una evolución federal del Estado, lo cual son palabras mayores en cuanto a la reconversión de las reglas que rigen nuestra vida política. Esa hipotética cámara territorial puede condicionar decisiones hasta ahora en manos del Congreso de los Diputados e incluso ejercer un derecho de veto que puede ser polémico, aunque también hay que constatar que el Senado actual no ha servido para resolver las tensiones territoriales. No menos tajante es la propuesta de elección de la nueva cámara, tanto por la reducción de efectivos (90 miembros frente a los 266 actuales) como por el sistema de selección: los senadores ya no saldrían directamente del voto en las urnas, sino que serían representantes de “Gobiernos o Parlamentos autónomos”, según la expresión utilizada por Ramón Jáuregui durante la presentación del proyecto.

La propuesta socialista exige una reforma constitucional, bastante más honda que el retoque impulsado por el PP para atribuir al Senado la característica de cámara de “primera lectura” cuando se planteen casos de reforma de estatutos o normas de financiación autonómica, entre otros. Caminar por la senda de la reforma profundamente federalista requiere explorar posibilidades de consenso no ya entre las diferentes élites políticas, sino, en primer lugar, en el seno del propio espacio político socialista.