No nos dimos cuenta. No nos damos cuenta

Una de las quejas más repetidas durante los últimos cuatro años ha sido: ¿cómo no nos dimos cuenta de la manera en la que se iba extendiendo la corrupción?, ¿cómo no supimos interpretar y evitar leyes y acuerdos que perjudicaban el interés general y beneficiaban a colectivos muy determinados?

 Todo ocurrió ante nuestros ojos y no supimos reaccionar, nos lamentamos. Lo curioso del asunto es que seguimos subidos al guindo, dispuestos a lamentar la corrupción pasada, pero no a denunciar la que se está produciendo hoy, de nuevo ante nuestros ojos y ante nuestra parálisis. De nuevo ignoramos leyes y acuerdos que solo benefician a algunos y que perjudican a los demás. De nuevo aceptamos explicaciones absurdas y no hacemos casos a las voces que nos advierten de que nos están tomando el pelo.

No oímos, por ejemplo, a quienes nos advierten de la nueva Ley de Costas o de la desconcertante Ley de Reforma Integral de los Registros Públicos que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia y que, se mire como se mire, solo tiene sentido si responde a intereses particulares, porque únicamente beneficia a un colectivo de menos de mil personas, los registradores de la propiedad.

El proyecto de ley es realmente extraño porque viene a modificar una ley que se aprobó por unanimidad en 2011 y que se supone que entra en vigor en 2014. Pues no, justo ahora cuando ya está informatizado el Registro Civil desde 1957 hasta nuestros días, cuando ya se ha decidido que no sea responsabilidad de unos jueces muy agobiados, sino que sean secretarios judiciales y funcionarios cualificados, previo concurso de méritos, quienes se encarguen de ese nuevo y estupendo Registro Civil, justo entonces se decide entregar todo el asunto a los registradores de la propiedad.

Es verdad que con el estallido de la burbuja inmobiliaria los registradores deben de estar ingresando muchos menos aranceles. Cierto también que están en el punto de mira de la Comisión Europea, que no entiende muy bien por qué monopolizan un servicio que en otros países presta un funcionario de mediana categoría. Todo eso es cierto, pero ¿a quién le importa, salvo a ellos mismos?

Nos dicen que el propio colectivo asumirá graciosamente el coste, en recursos y personal, que generará el Registro Civil y que así se lo ahorrará la Administración. Extraña idea. Los millones de euros que adelante y gaste el Colegio de Registradores serán abonados después, sin ninguna duda, mediante el pago de aranceles por parte de los ciudadanos. Asi que lo que la Administración se ahorra, se lo traslada, con seguro sobreprecio, a unos ciudadanos que, hay que recordarlo, no acuden al Registro Civil por gusto, sino por obligación y varias veces en su vida.

Tenemos una tendencia irrefrenable a ver la corrupción pasada, pero, como antes, no acertamos a denunciar los agujeros que pueden estar produciéndose hoy. Y sin embargo, lo lógico sería confiar a la justicia la exigencia de responsabilidades, el castigo de quienes infringieron las leyes, y dedicarnos en cuerpo y alma a vigilar y exigir a los gobernantes y a los legisladores que tomen las medidas necesarias para que no se vuelvan a producir esos abusos y para que no sigan existiendo gateras legislativas, antiguas o nuevas, por las que se cuelen tantos y tan evidentes intereses particulares.

Agobiados por la crisis y la falta de dinero, se vuelven a poner en marcha mecanismos que, se nos asegura, aligerarán las pesadas cargas de la Administración. Deberíamos estar escarmentados porque todo el brutal negocio inmobiliario y financiero que ahora estamos pagando los ciudadanos se montó sobre la promesa de ayudar a financiar a los Ayuntamientos y de abaratar el precio de la vivienda, una vivienda en propiedad a la que se juraba hipócritamente que teníamos derecho.

Claro que, como escribió el profesor de Harvard Benjamin M. Friedman, “la gran mayoría de los profesionales que trabajaban en entidades que tuvieron que ser rescatadas lo hicieron muy bien desde el punto de vista de sus propias finanzas y no tienen motivos para lamentar sus acciones”. Son otros los que las lamentan.