Un daño excesivo

El Gobierno acaba de poner el eslabón final a una extraordinaria crisis financiera causada por cajas y bancos. La crisis de las participaciones preferentes se salda consagrando cuantiosísimas pérdidas a los clientes, al arbitrar su canje por acciones tras devaluar enormemente su valor facial. Este asunto perjudica a una parte sustancial de los 700.000 afectados que invirtieron en ellas por importe superior a 32.000 millones de euros.

Muchos sufren un severo castigo, los que pierdan en la parte alta de la horquilla del 10% al 70% de su capital. Es un ejército de ahorradores, pues las entidades les colocaron masivamente esos productos tóxicos desde que en 2007 empezaron a dejar de tener liquidez y los inversores institucionales huyeron de ellos como de la peste. Y se despliega en colectivos geográficamente bastante concentrados —en Galicia, en Cataluña, en Madrid y en Valencia, aunque no solo— en torno a los principales centros de las cajas nacionalizadas, aunque tampoco solo ellas.

Seguro que entre los inversores se registraron conductas imprudentes —incluso de clientes con cultura financiera—, estimuladas por la golosa remuneración que ofrecían las preferentes. Pero los estrictos arbitrajes ya realizados han arrojado un promedio de cerca de un tercio de casos favorables a los clientes, pues fueron engañados o desinformados; hasta el punto de que productos tan complejos se vendieron a analfabetos o a enfermos de alzhéimer. Ello indica que la perversión era sistémica, para nada aislada. Es decir, fue culpa de las entidades: más de las peor gestionadas, que han acabado necesitando socorro público, pero también del resto, que han llegado a acuerdos de reconversión parcial de esos activos. Entre los responsables figuran además los organismos reguladores y supervisores que, pese a advertir del problema, desplegaron escasa contundencia en aplacarlo. Y los sucesivos Gobiernos, desde que el Ejecutivo de Aznar legalizó en 2003 las preferentes para neutralizar el procedimiento abierto contra ellas por la Fiscalía Anticorrupción.

Las compensaciones a los preferentistas arbitradas por el Gobierno actual son ralas. Es verdad que la UE exigía, lógicamente, que a cambio de prestar hasta 100.000 millones para rescatar a los bancos españoles, sus accionistas y bonistas pecharan con una porción de la factura. Pero es el tamaño de esta lo que podría haberse negociado mejor. Y en último caso, haber repartido mayor cuota de su coste a todo el sector, como se hace ahora a pequeña escala a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Curiosamente, el banco que más protesta es uno de los que más contribuyó al fiasco inmobiliario, origen también de esta crisis.

Adicionalmente, el valor otorgado oficialmente a las acciones de Bankia supone una catástrofe para muchos de sus 400.000 accionistas. A estos apenas les quedan muchas más salidas que las que puedan imponer los tribunales.