Europa vigila

La Comisión Europea (CE) no entiende el proceso de fusión de los reguladores independientes sectoriales que, sin excesivas prisas, pretendía poner en pie el Gobierno español prácticamente desde enero de 2012. Neelie Kroes, vicepresidenta de la CE, ha hecho saber al ministro Soria que el proyecto de fusión causará, tal y como está redactado, una pérdida importante de independencia en las funciones de regulación y control de los mercados. La amenaza de abrir un procedimiento de infracción si no se cambian los términos del proyecto de fusión de la Comisión Nacional de Competencia, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Energía, los tres reguladores sectoriales más importantes, para formar un megarregulador llamado Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), indica que la CE ha captado el excesivo sesgo político de la fusión y la irrelevancia práctica de la nueva CNMC.

Las objeciones de fondo de Kroes se centran principalmente en el hecho de que muchas de las competencias de investigación y sanción de los reguladores sectoriales, en particular las que atañen a las telecomunicaciones, se trasladan al Ministerio de Industria; y en que el cuerpo técnico de los reguladores, supuestamente independiente y que según los modelos vigentes de Europa es elegido por cada uno de los organismos sectoriales, sería decidido por el Consejo de Ministros. En otras palabras, el proyecto del Gobierno pretende convertir unas instituciones orientadas a garantizar la competencia de los mercados, en otra dirección general más del Ministerio de Industria. El pretexto es el ahorro de gasto público, pero resulta indefendible desde el momento que la CNMC se pretende financiar con cargo a los Presupuestos mientras que los reguladores actuales se financian mediante tasas. La operación no se sostiene. Para el Gobierno sería más sencillo reconocer que no le gustan los reguladores independientes (mucho menos si sus presidentes están nombrados por el PSOE) y que la supervisión de mercados, un instrumento decisivo en la relación con las grandes empresas, debe ser controlada por el Ejecutivo, sin intermediarios.

Asegura ahora el Gobierno, tras recibir el aviso de Bruselas, que va a cambiar el texto “para garantizar la independencia” de los reguladores. En la tramitación en el Congreso necesitará probablemente la colaboración del primer partido de la oposición para hacer creíble el viraje y dotar de consistencia política al texto legal. Pero no está claro que PP y PSOE tengan las ideas muy claras sobre la estructura y funciones de los organismos independientes. Una solución de compromiso probable es mantener la Comisión Nacional de Competencia y fusionar el resto de las instituciones. En todo caso, ahora la vigilancia de Kroes empuja a volver atrás y devolver competencias y funciones de inspección y control a los reguladores sectoriales. Como debe ser.