Reformas de calidad

El paquete de reformas del Gobierno lleva retraso. Un 40% de las nuevas normas comprometidas han desbordado el calendario previsto. Algunas están aún vírgenes. Visto el panorama solo desde este ángulo, el balance para el Gobierno sería malo. El acierto de un nuevo Ejecutivo se suele medir por dos baremos. Uno, si el nivel de sus promesas incumplidas sobre las medidas que adoptaría es alto, y en ese caso, si las explicaciones dadas bastan y convencen: es obvio que el equipo de Rajoy suspendió esa asignatura. Dos, si las reformas propuestas se realizan con buen resultado y según lo previsto, sobre todo en el primer tramo de la legislatura, el más dinámico.

Aquí el Gobierno exhibe una fortaleza: la intensidad de su catálogo y del propio calendario reformista atenúa la adversa percepción que suscita su retraso. Es de justicia reconocer no sólo el 40% atrasado, sino también el 60% ya puesto en marcha, una notable cuantía de reformas, algunas de ellas muy difíciles, ya encauzadas.

En realidad, incluso un mayor retraso sería aceptable si redundase en favor de una mejor calidad de la nueva legislación. La consistencia técnica de un proyecto suele mejorar si se contrasta con sus destinatarios su adecuación social, y si se alcanza algún consenso con otras fuerzas políticas y administraciones.

Porque la calidad de una norma no radica solo en su perfección aparente, sino también en su durabilidad. A veces el arbitrismo, que conduce a una trepidante labor legislativa desde el laboratorio —algo muy propio de ciertos altos cuerpos del Estado—, consigue exactamente lo contrario de lo que pretende.

Ese peligro acecha a bastantes de las principales reformas pendientes, algunas de las cuales yacen en el varadero justamente por su defectuosa factura derivada de la ausencia de diálogo o del enfoque restrictivo con que se están elaborando.

Es el caso de las reformas de las Administraciones Públicas: la escasa complicidad municipal perseguida y la total ausencia de las autonomías en la comisión que decidirá sobre las duplicidades las convertirán en un polvorín político, y salvo que se reconduzca el proceso, en reformas muertas antes de nacer. O el de la reforma de la educación, con el impacto que ha tenido en Cataluña y en parte de la comunidad educativa. O el de la Ley de Transparencia, cuyas excepciones y límites la asemejan a un recetario de opacidad. O el del nuevo regulador único en forma de Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que no solo solivianta a Bruselas, sino a todo ciudadano receloso de que la disciplina vertical de los ministerios recupere el poder de que gozaban, con defectos, los organismos reguladores independientes.

Mayor inquietud aún produce el futuro inmediato de las reformas sobre las pensiones o las medidas activas para el empleo, dados los errores técnicos producidos por el ministerio implicado en la primera reforma laboral, generadora de disfunciones e incertidumbres.