Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
EDITORIAL

Comité escorado

El Gobierno elige con criterios ideológicos retrógrados a los expertos en bioética que deben pronunciarse sobre leyes como la del aborto

Las ciencias de la salud han experimentado en las últimas décadas avances fenomenales. Para debatir los conflictos y dilemas que se plantean y asesorar al Poder Ejecutivo y al legislador en las nuevas regulaciones, la mayoría de países avanzados disponen de comités nacionales de bioética. España fue uno de los últimos en incorporar este mecanismo de deliberación democrática. El Comité de Bioética de España fue creado en la Ley de Investigación Biomédica de 2007 como un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo. Sus 12 miembros tomaron posesión en octubre de 2008 y en estos cuatro años han emitido diversos informes. Sin embargo, pese a la alta cualificación de sus miembros, la función del comité ha quedado en estos cuatro años muy lejos de las expectativas y de las necesidades. Ni el anterior Gobierno ni el actual han dado al comité la interlocución que se esperaba. Ahora, cumplidos los cuatro años de mandato previstos en la ley, el Gobierno ha decidido renovar completamente su composición. Solo tres de los 12 miembros continúan y el perfil profesional y académico de las nuevas incorporaciones indica que el Consejo queda fuertemente escorado hacia posiciones conservadoras e incluso ultraconservadoras. Siete de sus componentes se han manifestado o en contra del aborto en general o en contra de la ley vigente. A nadie se le oculta la importancia que puede tener este cambio ante el debate que va a provocar la reforma de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero más allá de esta importante cuestión, un comité de bioética mayoritariamente afín a los postulados más retrógrados de la Iglesia católica no es un instrumento útil para una sociedad plural y abierta como es la española. Con esta maniobra partidista y fuertemente ideológica, el Gobierno ha dado, una vez más, un golpe de muerte a una institución que podría y debería jugar un rol importante en la deliberación democrática.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.