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La inercia de la deuda pública

De las cuentas conocidas hasta ahora se deduce un diagnóstico poco complaciente con la política económica oficial

No hay descanso para la deuda pública española, que sigue subiendo a pesar del esfuerzo en el ajuste del déficit. En el tercer trimestre se ha situado en 817.000 millones, el 77,6% del PIB. El aumento se produce a pesar de que la deuda de las comunidades autónomas ha descendido una cantidad moderada, apenas 811 millones, se supone que como efecto del Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno. De las cuentas conocidas el viernes se deduce un diagnóstico poco complaciente con la política económica oficial. Como sucede con frecuencia, el objetivo de dicha política, que en este caso es reducir la deuda, puede ser aceptado o compartido, pero la ejecución de las medidas mediante las cuales se debe conseguir el objetivo es discutible, cuando no directamente ineficaz. La prueba es que ni la deuda total disminuye —más bien tiende a acrecentarse y superará el 80% del PIB en 2013— ni la de las comunidades autónomas decrece en cuantía apreciable ni el déficit público, germen de la deuda, está bajo control.

Las excusas pueden ser variadas, desde la resistencia de las autonomías (cierta, por otra parte) a imponer ajustes demasiado drásticos hasta los costes de la salvación de los bancos. Pero la razón decisiva es otra. El Gobierno está aplicando recortes indiscriminados que arruinan las prestaciones sociales y educativas, pero que, dicho en términos arcaicos, son el chocolate del loro en términos de eficiencia para reducir los gastos y elevar los ingresos. Se trata de recortes inorgánicos, al bulto, que no calculan la minimización de los efectos sobre los ciudadanos y sobre la economía. Vulgares hachazos o amputaciones presupuestarias. Las políticas de contracción del gasto son más complejas que las distributivas en tiempos de prosperidad, porque requieren cálculos muy precisos de los factores que dañan la evolución económica o el bienestar de los ciudadanos cada vez que se decide reducir una partida de gastos o evaluar los costes de oportunidad que supone prescindir de una partida en lugar de otra. Una política de ajuste requiere trabajo, paciencia y criterio, y quienes se encargan de la tarea carecen de las virtudes mencionadas.

Si existe un pacto de ajuste con Europa para cumplir unos objetivos de deuda y déficit hay que cumplirlo, por descontado. Es evidente además que, aunque el equipo económico de Rajoy dispusiera de margen de maniobra, tampoco sabría aprovecharla, porque carece de otros argumentos económicos. No tiene plan B, y su aproximación a una crisis tan compleja, enredada de vericuetos financieros, fiscales y políticos, responde a un reflejo tan paleolítico como diferir el rescate porque “ahora no hace falta”. Pero conviene tomar las obligaciones del endeudamiento público en su justa medida. No solo en razón de lecturas malintencionadas (España va a incumplir el objetivo de déficit en 2012 y no sucede nada, así que bien se puede incumplir el de la deuda), sino porque el problema financiero más grave de la economía española es la deuda privada. De los casi 3,5 billones de euros de endeudamiento español, solo 800.000 millones son responsabilidad del Tesoro, y de esa cantidad una parte viene obligada por la consolidación bancaria. El resto es deuda de los bancos y de las empresas; concretamente un tercio es de las empresas del Ibex. De este problema ¿se ocupan o preocupan los ministros de Economía y Hacienda?

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