Dualidad mexicana

La economía mexicana ha sido una de las pocas de la OCDE que al día de hoy ha conseguido mitigar las consecuencias de la crisis global que se desencadenó en el verano de 2007 en EE UU. Salvo la recesión sufrida en 2009, debido al desplome de la demanda en su vecino del norte y principal socio comercial, esa economía ha restaurado un crecimiento muy aceptable. Aunque menos intenso que en años anteriores, el ritmo de variación de su PIB en 2012, del 3,8%, apenas será una décima menor que el año anterior. Es verdad que atrás queda aquel 5,8% de 2010, pero la erosión de su potencial de crecimiento no ha sido precisamente significativo. Las mismas previsiones de la OCDE anticipan para 2013 y 2014 tasas de expansión del 3,3% y 3,6%, respectivamente. El empleo no ha dejado de crecer, aunque no a los ritmos esperados, reflejando el favorable comportamiento de la demanda interna y de las exportaciones. La tasa de desempleo oficial sigue en el entorno del 5%. Las finanzas públicas se mantienen en una senda correctora, sin que el déficit público llegue este ejercicio al 3% del PIB, al tiempo que su desequilibrio en la cuenta corriente se mantendrá este y el próximo año en el -0,3% del PIB. Su crecimiento potencial se verá ampliado por el descubrimiento de nuevos yacimientos de gas, una vez se concreten las inversiones necesarias para su explotación.

El significado de estos registros estadísticos es tanto mayor cuanto que han tenido lugar a pesar de la muy estrecha vinculación del ciclo económico en ese país con el vigente en EE UU, cuya economía ha estado sometida a una mayor inestabilidad. Son indicadores que, además, respaldan, aunque sea parcialmente, el desempeño de la política económica del presidente saliente. Solo parcialmente, porque junto a la estabilización económica, Felipe Calderón se propuso hace seis años reducir la pobreza e incrementar la salud pública. En estos dos últimos ámbitos los resultados han sido menores, como lo han sido en la reducción de la violencia que sigue padeciendo el país. Tampoco han sido destacables los avances en las reformas reclamadas por algunas agencias internacionales, el FMI de forma destacada, en el sistema energético, la fiscalidad, la justicia o, en general, la propia calidad de las instituciones. La corrupción sigue siendo tan amplia como la inseguridad o el dominio de los narcotraficantes y el crimen organizado.

Son algo más que sombras que se proyectan sobre los éxitos económicos convencionales y que no terminan de conceder la confianza que merecería una economía de su envergadura, dentro y fuera del país. Asumir como prioridades básicas la reducción de la pobreza, la consecución de una mejor distribución de la renta y de la riqueza y, al tiempo, plantar cara al crimen organizado, van a ser las verdaderas pruebas del ánimo regenerador del nuevo presidente. De no ser así, ese país seguirá presidido por la dualidad: una economía próspera pero amenazada por la muy reducida movilidad social y por la debilidad de las instituciones. Y la calidad institucional constituye, como se ha demostrado hace tiempo, una condición esencial para que el crecimiento acabe transformándose en verdadero desarrollo económico y social.