La encrucijada española

España pertenece a la Unión Europea y al Eurogrupo, por tanto las medidas que se han dado para otros países en dificultades por el déficit público son las medidas que tanto la comunidad europea como el BCE y el FMI han pedido a esos países y nos piden a nosotros que apliquemos. El déficit público se ha convertido en el tema prioritario que deben corregir, cueste lo que cueste, los países que lo padecen y España.

Tales exigencias han conducido a un recorte de gastos públicos con recortes de los sueldos, en España llevamos dos, de todos los funcionarios públicos, incluidos todos los del Sistema Nacional de Salud.

Han aumentado todos los impuestos, desde el del IPRF hasta el del IVA que del tipo del 18 ha pasado al del 21. En el caso del IRPF, al no alterarse las bases, ha afectado, como el impuesto del patrimonio va a hacerlo, a los pensionistas de pensión máxima y a toda la clase media. No se ha aumentado en cambio el impuesto sobre las sociedades. No parece, según las predicciones del FMI, la CE y la OCDE, que España baje su déficit público antes de 2014 o 2017.

Las consecuencias inmediatas de estas medidas han sido, al igual que en Grecia, Portugal e Italia, una fuerte caída del consumo, de la inversión, pública y privada, un aumento de la recesión y del paro en España que puede llegar a lo seis millones de parados, según la OCDE.

En el presente, junto al déficit pasa a ser prioritario el saneamiento de las entidades financieras. Cuarenta mil millones figuran en el presupuesto para 2013 y 35.000 que nos presta la UE con condiciones restrictivas muy precisas para este fin. El Gobierno afirma que tal saneamiento aumentará la posibilidad de dar créditos, iniciándose la recuperación de la economía. Pienso que las entidades financieras saneadas evitarán cualquier crecimiento de sus morosos, mientras dure la recesión y la dramática situación social y política actual. Darán selectivamente créditos a los que puedan devolverlos.

En la actual situación es necesario buscar el consenso entre partidos, patronal y sindicatos

El paro, en continuo aumento, mayoritario entre los jóvenes, más grave si cabe entre los de 45 a 55 años, ha creado un clima de angustia y desesperanza generalizadas; crece la desconfianza y el rechazo, cuando no la hostilidad, contra toda la clase política española y contra los partidos políticos, así como el desprestigio de las instituciones nacidas con la Constitución de 1978.

Todo indica que, al igual que en Grecia e Italia, en España se está produciendo un aumento de las posiciones políticas más radicales, de derechas y de izquierdas o del independentismo catalán. Tendrían que haberse evitado, en estas circunstancias, las medidas que mayoritariamente afectan y rechazan nuestros conciudadanos, como la privatización de la sanidad y reforma de la educación públicas, que se fundamentan en ideas económicas y políticas del pasado (Reagan, Thatcher) o en creencias impropias de un Estado laico (posible modificación de la ley reguladora del aborto).

Creo que el Gobierno al que apoya un partido que ha ganado las elecciones con mayoría absoluta no debe olvidar que esa mayoría, respecto al número de ciudadanos con derecho al voto, excede poco del 30%.

La situación social, económica y política aconsejarían, a mi juicio, haber intentado y seguir intentando el consenso de la mayor parte de los partidos representados en el Congreso de los Diputados y de las organizaciones sociales: patronal y sindicatos. Aunque el consenso entre fuerzas políticas representadas en el Parlamento no parece hoy posible, sí puede intentarse para los dos próximos años, uniendo a las medidas contra el déficit medidas contra la recesión y el paro. No habrá recuperación sólida si se recorta la inversión en I+D+i. Malo será el futuro con el recorte de becas, incluidas las Erasmus.

En todo caso, lo que el Gobierno, a mi juicio, debería hacer, es trazar un plan de medidas económicas, financieras y fiscales coherentes con la situación actual y con el objetivo de su superación, discutidas con el FMI, con la CE y con el BCE, partiendo de plazos realistas y no voluntaristas de reducción del déficit. Basta de medidas parciales o improvisadas. Basta de medidas que aumenten las divisiones hostiles, dañosas para nuestra sociedad.

Tres o cuatro años es tiempo suficiente para elaborar una reforma fiscal, bien estudiada, justa y consensuada; para las reformas estructurales que nuestras condiciones sociales y económicas necesiten y puedan aceptarse por la mayoría de las fuerzas sociales y políticas; para tomar las medidas de inversión necesarias para combatir la recesión y el paro; para informar con precisión y continuamente a todos los españoles y a los afectados por cualquier medida, no como hasta ahora, porque es cierto que no se vence de verdad si no se convence; para no llegar a una situación de alteración social, indignación, radicalización y desconfianza popular que harían precarios los logros y las reformas hechas y dañarían irreparablemente a nuestra democracia, hoy debilitada, y a sus instituciones. Construyamos entre todos una España más solidaria y más justa.

Alberto Oliart fue ministro de Industria y Energía, de Sanidad y de Defensa con UCD y presidente de RTVE entre noviembre de 2009 y julio de 2011.