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EL ACENTO

Ayuntamiento en horas bajas

La seguridad no puede sacrificarse en el altar de los beneficios a toda costa

Los vídeos difundidos por este periódico dejan claro el desprecio a las más elementales normas de seguridad en la fiesta de Halloween celebrada en el estadio Madrid Arena, que se saldó con la muerte de cuatro chicas y una quinta en estado muy grave. No se confirma la teoría de avalanchas espontáneas desde el exterior del recinto y en su lugar se ve a controladores que dirigen a cientos de personas hacia el interior a través de salidas de emergencia, que deberían haber estado completamente despejadas. Aglomeraciones de personas en las escaleras de todas las plantas, vigilantes escasos y sin otra identificación que unos chalecos reflectantes, y la sensación de que no había plan de seguridad frente a una emergencia como la que se produjo al acumularse cuerpos en un vomitorio de estrechez imposible, en un recinto ya abarrotado. Se estima que los asistentes pudieron ser 18.000, casi el doble del aforo máximo permitido. La Policía Municipal tampoco intervino en los botellones organizados en sus proximidades, de los que se alimentó el sobrecargado Madrid Arena cuando empezaba la actuación del invitado estelar.

Lo más escalofriante es que haya sido necesaria una tragedia como esta para comprender que el coste de la seguridad no puede sacrificarse en el altar de los beneficios a toda costa, ni la autoridad puede dejar de exigirlo como prioridad. Por eso las responsabilidades de la empresa organizadora no tapan las del Ayuntamiento de Madrid, dueño del recinto, y de la empresa pública que depende de aquel y lo alquiló.

Un efecto secundario de la tragedia es que saca a la luz la fragilidad del Ayuntamiento de la capital de España. Debilitado por la importante deuda heredada de la etapa anterior, ahora tiene que hacer frente a las consecuencias de la tragedia del Madrid Arena. La alcaldesa, Ana Botella, se encuentra en manos de lo que el PP quiera hacer en la comisión parlamentaria creada al efecto. Y judicialmente, las responsabilidades por los fallos de seguridad en la macrofiesta pueden alcanzar a la corporación. Un panorama poco envidiable para los ciudadanos administrados desde ella.

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